sábado, abril 12, 2008

Vienen más acusaciones


Vienen más acusaciones
Abogados de la defensa quieren el juicio después de las elecciones.

Los abogados del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Thomas Green y Harry Anduze, hablan con la prensa luego de finalizar la conferencia con el juez federal Paul Barbadoro. Anduze dijo que aunque quieren un juicio rápido, necesitan tiempo suficiente para examinar la prueba en contra de su cliente. Tito Guzmán

Por Miguel Díaz Román /El Nuevo Dia

En la primera conferencia sobre el estado del caso de fraude y conspiración contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otros 12 acusados, la fiscal federal María Domínguez reveló ayer que es posible que bajen más acusaciones dentro de dos o tres meses.

Por otro lado, abogados de la defensa indicaron que preferirían celebrar el juicio después de las elecciones generales en noviembre.

El licenciado Francisco Rebollo Casalduc, abogado de Cándido Negrón Mella, dijo que el mejor momento para el juicio y para la selección del jurado sería después de las elecciones.

Al finalizar la vista el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo, representante legal del empresario José González, dijo que varios abogados prefieren que el juicio comience después de las elecciones o en enero.

Mientras Harry Anduze, uno de los representantes legales del Primer Ejecutivo, sostuvo que su interés es que se celebre un juicio rápido, pero advirtió que para garantizar a su cliente la mejor defensa es necesario tener tiempo para examinar la prueba detenidamente.

El juez federal Paul J. Barbadoro indicó que si no es posible celebrar un juicio rápido, existía la posibilidad de que comience en septiembre o en octubre y también en enero o febrero del 2009. Incluso, Barbadoro señaló que estaría disponible para comenzar las sesiones diarias del juicio a las 7:00 de la mañana a fin de acelerar el proceso judicial.

Las expresiones de Domínguez surgieron durante un periodo de exposición ante el juez, quien manifestó su preocupación de que un nuevo episodio de acusaciones afectara el juicio. Domínguez indicó “que es de conocimiento público que la investigación continúa” y advirtió que de ocurrir nuevas acusaciones, éstas serían radicadas “en dos o tres meses”.

De hecho, Barbadoro expresó su interés de que el juicio a fondo comience en junio. Pero ante los plantemientos de varios abogados de la defensa -entre ellos el licenciado Thomas Green, representante legal del Primer Ejecutivo- sobre lo apretado del calendario para el descubrimiento de prueba y el periodo ordenado por la magistrada Margaret J. Kravchuk para presentar mociones, el juez les dijo que presentaran una propuesta de calendario.

Green solicitó que el periodo para radicar mociones se extienda entre 60 y 70 días. El juez designó a Green para que articule la redacción del memorando y para que los abogados de la defensa identifiquen un portavoz que tendría la encomienda de dialogar con los representantes de la fiscalía para aligerar el proceso de descubrimiento de prueba.

Ayer Barbadoro también pautó una nueva reunión con los abogados de la defensa en dos semanas, mediante el servicio de teleconferencia.

En la reunión de ayer Domínguez indicó que la fiscalía podría tardar hasta tres meses para entregar la prueba. El juez Barbadoro sonrió, sorprendido del periodo tan extenso, y reiteró su interés en que las partes trabajen de buena fe para aligerar el proceso.

Domínguez también dijo que la prueba para el caso comprende 70,000 documentos y 100 testigos. Barbadoro exhortó a la fiscalía a presentar los testigos importantes para aligerar el proceso judicial.

Sostuvo que el aspecto más retante del proceso con antelación al juicio es la selección del jurado debido a la masiva exposición en los medios que han tenido las acusaciones y señaló que hará todo lo posible para efectuar una selección justa.

También dijo que si este proceso no es posible podría tomar medidas extremas como secuestrar el jurado o mover el juicio a otra jurisdicción. Barbadoro también instruyó a las partes a presentar un cuestionario sobre las preguntas para la selección del jurado. Además, instruyó a las partes a observar las reglas de procedimiento criminal local, que prohíbe realizar comentarios sobre un juicio en curso a la prensa y advirtió que las violaciones a esa regla “podrían tener consecuencias”.


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