No causa contra Rosselló

No causa contra Rosselló

(AP) — La jueza administradora del Tribunal de San Juan, Isabel Llompart, no halló causa para arresto el jueves contra el ex gobernador Pedro Rosselló por delitos relacionados con la manera en que obtuvo su pensión de retiro.La jueza determinó que no existe causa para arrestar al ex mandatario por los cargos de falsificación de documentos, apropiación ilegal agravada de fondos públicos y aprovechamiento del cargo público que se le imputaban por agenciarse una pensión de retiro mayor a la que le correspondía.

‘‘Luego de un ponderado examen de la evidencia, esta jueza determina que no existe esa prueba’’, dijo la jueza Llompart en sala.Al salir de sala, Rosselló —acompañado de su familia y de un nutrido grupo de funcionarios novoprogresistas— no emitió comentarios, pero uno de los abogados de la defensa, Thomas Rivera Schatz, adelantó que ‘‘pueden haber causas civiles contra el Secretario de Justicia’’ por este caso.El fiscal José Delgado, por su parte, atribuyó la decisión de la jueza Llompart a que el sistema de justicia en el país no está ‘‘maduro’’ para enjuiciar a un ex gobernante y descartó que haya sido porque la evidencia presentada por el ministerio público fuera insuficiente.

‘‘Realmente creía que el sistema estaba maduro para procesar a un ex gobernador, y obviamente el sistema no ha madurado lo suficiente para ese proceso... Es un gran paso que con prueba suficiente presentemos cargos contra un ex gobernador, o sea, eso es histórico, obviamente el resultado no es el esperado’’, dijo el fiscal, quien durante su argumentación final señaló que la determinación de causa ‘‘era un proceso necesario para la historia democrática’’ del país.Mientras, el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, se expresó decepcionado con el fallo, y afirmó que la decisión de la jueza demuestra que el sistema de justicia no trata por igual a todos los ciudadanos.

‘‘Es una decisión equivocada, igual de inexplicable que la anterior de la jueza Ada López. Es un golpe a todos los que aspiramos que el sistema de justicia sea igual para todos’’, manifestó el funcionario en entrevista con Prensa Asociada.‘‘Si hubiera sido un Juan del Pueblo, todo el trámite se hubiese dado de forma distinta. Creo que la evidencia demostraba, más allá de toda duda razonable, que este imputado cometió los tres delitos por los cuales se inició el proceso’’, agregó el secretario en tono airado.Desde el inicio de la vista del jueves, la fiscalía tuvo dificultad para demostrar el peso de su evidencia, e incluso desistió presentar en sala el testimonio de dos de sus cinco testigos.

La defensa, en cambio, intentó minar en todo momento la validez de la prueba y dejar establecido que no hubo ninguna intención criminal por parte de Rosselló al aprobarse la certificación que establecía que el ex mandatario había trabajado en el Hospital de Psiquiatría los veranos de 1962 al 1964.Durante la vista judicial, desfilaron como testigos de la fiscalía Felícita Díaz Sambolín, ex administradora auxiliar de los Sistemas de Retiro; Ivette Molina Rivera, ex directora ejecutiva del Hospital de Siquiatría, y Nydia Navarro Rodríguez, directora de la Oficina de Contratos del Departamento de Salud.Díaz Sambolín, quien estuvo encargada de evaluar el expediente de Rosselló en mayo del 2004, sometió un informe de hallazgos a Retiro en el que señaló que se cometieron ciertas irregularidades en el trámite de la solicitud de pensión en diciembre de 2000.

Sin embargo, a preguntas del abogado de la defensa Harry Padilla, la ex funcionaria reconoció que basó sus hallazgos en la investigación administrativa que hizo el Departamento de Salud y en la certificación emitida por el ex secretario Johnny Rullán que no reconoce como trabajados los veranos de 1962 a 1964 y que solicitó evidencia sobre los veranos en disputa al Seguro Social y las universidades de Harvard y Notre Dame, y sólo Harvard le confirmó que Rosselló estuvo estudiando allí entre julio y agosto de 1963.Molina Rivera testificó que a finales de 2000 recibió una certificación que requería su firma sobre los supuestos veranos trabajados y porque entendió que no había evidencia suficiente no la firmó.

Pero, en el 2004, cuando se ventilaba el caso de Acevedo Martínez en los tribunales, vio copia de una certificación igual a la que había rechazado con su firma falsificada.Mientras, Navarro Rodríguez afirmó que no había ningún contrato registrado a nombre de Rosselló en el Departamento de Salud para los años en disputa, pero en el contrainterrogatorio Padilla planteó la posibilidad de que el contrato haya sido otorgado por el padre del ex gobernador, doctor Juan Rosselló, y administrado por la Escuela de Medicina de la UPR con fondos de propuestas federales manejados por la institución educativa y no por Salud.