Guerra de cifras

Guerra de cifras

La Fortaleza y Orhela no se ponen de acuerdo sobre transacciones de personal ilegales

Por Daniel Rivera Vargas / El nuevo Dia

Hay una Nueva cifra de supuestas transacciones de personal ilegales hechas en la pasada administración: 14,000.

En el pasado, el gobernador Luis Fortuño dijo que eran 11,000. El miércoles, el director de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (Orhela), Samuel Dávila Cid, dijo que eran 1,035.

Ayer, el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, subió un poco más la cifra: 14,000.

“Él (Dávila Cid) te tiene que haber dicho que muchas de estas agencias continúan sus procesos de vistas administrativas” en las que se evalúan los expedientes de los empleados, dijo Rodríguez Ema. Agregó que espera que Orhela “nos dé una cifra exacta lo antes posible”.

La cantidad exacta de transacciones presuntamente ilegales hechas durante la pasada administración tiene una tremenda importancia política, porque la administración de Fortuño la ha usado como una de las justificaciones para los despidos de empleados públicos.El gobernador Fortuño, durante una comparecencia pública en Guayama, calificó de “incorrecta” la información suministrada por Dávila Cid, pero no ofreció detalles.

Sin embargo, Rodríguez Ema modificó ese argumento ayer. “La Ley 7 (de Emergencia Fiscal) tiene como base la ineficiencia crasa de un gobierno que dejó un déficit de $3,200 millones. Espero que me cites”, dijo.

Las transacciones de personal pueden ser ilegales por varias razones, pero en este caso se trata de las que se llevaron a cabo durante los 120 días anteriores a las elecciones y las que se trata de contrataciones sin una asignación de fondos para pagar sus salarios.

Dávila Cid no accedió a ser entrevistado ayer por El Nuevo Día, pero en comparecencias radiales insistió en que el análisis de su agencia indica que las transacciones fueron 1,035.

Rodríguez Ema y Dávila Cid coinciden en que entre julio y septiembre de 2008 hubo 930 transacciones de personal nulas. Pero Dávila Cid había dicho que entre septiembre de 2008 y enero de 2009 sólo se detectaron 105 transacciones nulas adicionales.

Rodríguez Ema enfatizó ayer que el análisis de las transacciones de personal continúa en las diferentes agencias. Calculó que la cifra anda por los 14,000, incluyendo las que pudieron haberse hecho sin fondos para salarios.

“Se entienden que son nulos si tú no tienes los fondos autorizados para esos nombramientos. No importa que sean nombramientos en agencias que puedan recibir personas”, señaló.

“Hay un caso de bomberos donde tú nombraste a 200 bomberos sin un centavo. Eso es así. Nombraron a 200 bomberos sin un centavo para pagarles. ¿En qué mente cabe? ¿En qué mente cabe que eso sea una transacción perfectamente legal? Se hizo a propósito para descuadrar un presupuesto”, agregó.

No precisó si despedirán o degradarán de puesto a los policías, bomberos y maestros contratados en ese periodo. No pudo decir cuántos de los empleados que aún están bajo análisis trabajan en las áreas de educación, salud y seguridad.

En juego la credibilidad

Rodríguez Ema indicó que las 14,000 transacciones en la mira ahora incluyen a 5,408 empleados municipales, pero no de corporaciones públicas. Explicó que en las 14,000 transacciones hay unas 5,256 plazas nuevas, además de ascensos y traslados. Las nuevas contrataciones se exponen al despido.

“Es un desmadre administrativo que no se puede tolerar. Cuando se hablaba de 11,000 transacciones ilegales las hubo, claro que las hubo”, afirmó.

¿Siguen en el Gobierno los contratados? “No te sé decir. Es imposible decirte dónde están todos ellos. Puede que algunos todavía estén en sus puestos. Yo espero que la mayoría ya no esté”, respondió.

Fortuño dijo que la ex directora de Orhela, Marta Vera, certificó en una declaración jurada que en la veda había autorizado unas 5,100 contrataciones. “Ella misma admitió, que había establecido un procedimiento para no tener que seguir el procedimiento que se siguió para esos 5,100 y pico de casos, para obviar a Orhela y añadir más personas en el periodo electoral”, apuntó.

El análisis de Orhela generó ayer un intenso debate. Líderes obreros denunciaron que eran datos indignantes, pero no sorprendentes por los actos previos del actual gobierno. Mientras, los populares encabezados por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y por el presidente de la colectividad, Héctor Ferrer, hablaron de ineptitud y de mentiras del Gobernador.

Asimismo, legisladores de ambos partidos como el novoprogresista Larry Seilhamer y el popular Luis Raúl Torres solicitaron la interpelación ante las cámaras legislativas a funcionarios.