Citan ex funcionarios a testificar

Citan ex funcionarios a testificar Pesquisa federal sobre donativos a Aníbal a cambio de contratos

PRIMERA HORA

martes, 3 de octubre de 2006
Oscar J. Serrano PRIMERA HORA

Estoy sirviendo de testigo de asuntos que yo sé de gobierno", dijo Melba Acosta Ex directora ejecutiva de la OGP.

La investigación de un Gran Jurado sobre las finanzas de campaña del Gobernador cubre actos cometidos desde su período como comisionado residente, tiene como uno de sus ejes a una ex ayudante personal, y ya identificó al menos un caso de un contratista que donó a la campaña después de recibir un contrato gubernamental.

Además, según documentos obtenidos por PRIMERA HORA, hay otro contratista que tuvo extensiones y ampliaciones de su contrato gubernamental en fechas posteriores a sus donativos.
La investigación continúa esta semana con citaciones al Gran Jurado y ha tocado, en calidad de testigos, a ex funcionarios como la ex directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) bajo Sila Calderón, Melba Acosta.

"Estoy sirviendo de testigo de asuntos que yo sé de gobierno", recalcó Acosta, contactada porque suscribió el acuerdo (del cual PRIMERA HORA obtuvo copia) con la compañía Mondre Energy, la que el FBI identificó con un contrato después de donativos. "Cualquier contrato que yo otorgué tuvo un propósito legítimo y genuino y se realizó el trabajo (bajo el mismo)", añadió, al asegurar que no ha sido citada para Gran Jurado sino sólo entrevistada por las autoridades federales.

Este diario constató que el FBI diligenció requerimientos a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (que certificó que no encontró nada de lo solicitado), el Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamiento de Vivienda, Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de los Puertos, el Departamento de Hacienda y OGP, aunque esta última lo negó.

Hasta ahora, lo que se conocía sobre la investigación federal, desarrollada entre Filadelfia y Puerto Rico, se circunscribía a un donante, Robert M. Feldman, y su intento fallido de obtener un contrato millonario de servicios dentales con la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Informes periodísticos de Filadelfia apuntaban a que la investigación sería porque una serie de donativos provenientes de esa ciudad a la campaña de Aníbal Acevedo Vilá resultaron ser de donantes inventados para poder dividir en cantidades legales unas aportaciones de Feldman que rebasaban el límite legal. El comité de campaña supuestamente devolvió estos donativos.
Sin embargo, los requerimientos de información que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ha sometido a varias agencias y corporaciones públicas, así como entrevistas a personas de dentro y fuera de la estructura ejecutiva, revelan una búsqueda más amplia para precisar si, como comisionado residente o como gobernador, Acevedo Vilá viabilizó el otorgamiento de contratos a cambio de donativos políticos.

Esto va acorde con otro rol que se le ha dado a Feldman, el de cabildero de algunos de estos donantes para contratos gubernamentales.

Como parte de la pesquisa, los investigadores están recopilando información sobre cuatro ex colaboradores de Acevedo Vilá en Washington, Carlos Dalmau (su posterior director de campaña), Paul Weiss, Carlos Ruiz Nazario (actual administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado), y Eneidy Coreano Salgado. Una fuente con conocimiento de los movimientos investigativos federales señaló que el énfasis es en esta última porque era la persona que manejaba las citas, viajes y comparecencias de Acevedo Vilá, lo que también hizo por un tiempo en La Fortaleza.

Mondre Energy

Los requerimientos que PRIMERA HORA revisó fueron diligenciados en verano por los agentes del FBI Keith Byers y Vanessa Stelly bajo órdenes de la fiscal María Domínguez. Algunos no han sido contestados todavía, mientras que otros lo han hecho en la negativa. La información solicitada cubre desde 2000 y aplica a cualquier tipo de comunicación realizada con las personas y entidades en una lista anejada. Incluye también comunicaciones con La Fortaleza.
El contrato de Mondre Energy fue de $120,000 con OGP y fue suscrito el 3 de octubre de 2002 para evaluar las operaciones del Gobierno y diseñar un plan de ahorro en gastos de energía eléctrica. El registro de donativos en la campaña federal de Acevedo Vilá refleja que Judith Mondre, presidenta de la empresa, donó $3,000 el 13 de noviembre de ese año.

Una fuente indicó que esta compañía de Filadelfia llegó a la OGP recomendada por la oficina del Comisionado Residente y pretendió tener un contrato de más dinero del que finalmente obtuvo. Luego de que entregaran la evaluación que cubría el primer contrato, a la empresa no se le extendió un segundo acuerdo para implantar el plan diseñado.

"No. No puedo hablar contigo. Gracias", fue lo único que dijo Mondre a este diario antes de colgar el teléfono y antes de que se le pudiera siquiera hacer una pregunta sobre el contrato. La página de Internet de la empresa tiene al "Gobierno de Puerto Rico" como cliente y sus ejecutivos Peter D. Burns, Kenneth R. Young, y Helen H. Richardson están incluidos en los requerimientos.

Duane Morris & Heckscher

Otra entidad en los requerimientos es el bufete Duane Morris & Heckscher (DMH), quienes reflejan contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el registro electrónico de la Oficina del Contralor desde 1999. La AEE aseguró que no ha recibido un requerimiento de información sobre esto de parte de las autoridades federales todavía.

Al contrastar el registro de donantes con los documentos que entregó a PRIMERA HORA la AEE, surge que dos de los licenciados realizaron donativos por $800 y el comité de acción política del bufete donó $1,000 en 2001, y otros $4,000 en 2002. La AEE le dio un contrato de $500,000 en agosto de 2002, el bufete donó $2,500 en febrero de 2003, y la AEE aumentó el valor del contrato a $2 millones en mayo de 2003, y extendió su vigencia un año más hasta agosto de 2004. En ese mes, hicieron una segunda enmienda para llevarlo a agosto de 2005, pero con compensación reducida a $1 millón. Entonces, en mayo de 2005, la Junta de Gobierno autorizó una enmienda para elevar la cuantía a $2.5 millones, con unas nuevas tarifas de honorarios por hora y para que el director ejecutivo pudiera renovar el contrato hasta agosto de 2006 por hasta $2.5 millones adicionales. En cuatro años, los pagos al bufete han totalizado unos $7.5 millones.