Estrados rojos
Por: Luis Dávila Colón
En nuestra última crónica analizamos el trasfondo y las razones por las cuales hay un preocupante deterioro de la confianza pública en la rama de gobierno judicial y los fundamentos que razonablemente dan a pensar, que el sistema es de populares, por populares y para populares. En última instancia se trata de un innegable problema de injusticia disfrazada de justicia, segregación, discrimen, mal uso y abuso de poder.
La pequeña relación que hicimos de las decisiones más prominentes de perfil político emitidas por los juzgados, en los últimos dos años, no mencionó los casos políticos y los encausamientos criminales y éticos fabricados y tramitados en el sistema de justicia para perseguir líderes de la oposición, insumisos, enemigos y carpeteados del Régimen. Empezando por el caso de Pedro Rosselló, esos 60 “ajusticiamientos”, que en su vasta mayoría fueron desestimados, archivados o exonerados, demuestran un claro patrón criminal de continuas violaciones de derechos civiles que en seis años se han ventilado por la libre en las salas y en los estrados de la rama de gobierno judicial, sin que esa rama ni su autoridad suprema hayan protestado o emitido opinión para desalentar y castigar éticamente esa práctica y para que el Régimen cese y desista de la persecución.
Por sí sola, esa omisión crasa y ese silencio sepulcral de parte de las autoridades judiciales –que constitucionalmente están obligadas a dispensar justicia igual para todos, a garantizar el debido proceso de ley y a velar por la igual protección de las leyes– es la razón principal que nos hace pensar a muchos que la administración de la rama de gobierno judicial es cómplice y parte integral de los operativos de represión y de opresión del Régimen. Desde que la justicia de Sila Calderón pretendió meter presos a Carlos Pesquera, Leo Díaz, Rivera Schatz, Edwin Mundo, José Aponte, Miriam Ramírez y Jennifer González, por el acto de enarbolar una bandera en una oficina de gobierno, el Supremo debió haberle parado el caballito al Régimen. No lo hizo. El Departamento de Justicia y el sistema hicieron el ridículo de procesar los cargos de insurrección por “motín” ante incrédulos jurados y magistrados que se encargaron de exonerarlos.
La decisión del Circuito Apelativo de este pasado lunes, revocando la recusación de una juez y accediendo a la súplica de la Rama Ejecutiva para que designe a esa juez de la preferencia y de la confianza del Régimen para encausar criminalmente al enemigo político, es precisamente el tipo de decisión arbitraria y caprichosa que tira al suelo los buenos esfuerzos de cientos de jueces inmunes al partidismo que a diario imparten justicia. Si el Gobernador puede exigir y designar el juez que habrá de presidir cada sala, la independencia judicial es una burla. Una mofa que, dicho sea de paso, ha llegado hasta donde ha llegado, precisamente porque el Tribunal Supremo le dio luz verde al encausamiento del principal líder de la oposición, cuando se le cuestionó la jurisdicción exclusiva del FEI llegando a intimar que el caso retornaría y que allí lo esperan.
De hecho, el caso de Pedro Rosselló se pasa ya de castaño obscuro, en la medida en que tres secretarios de Justicia, los fiscales que originalmente consideraron la prueba y aún los analistas jurisconsultos de la prensa imperial coinciden, en que no hay guata para acusar y sostener los cargos. Peor aún, en el caso de Rosselló, la jurisdicción exclusiva y primaria para procesarlo como oficial público correspondía a la oficina del FEI y el propio gobierno dejó que prescribiera el tiempo para que ese panel pudiera encausarlo. Si todas estas barbaridades y barbaries le ocurren a un ex gobernador, senador y principal líder de la oposición, en un caso que a claras luces no es ni de prevaricación criminal, qué no será lo que puede hacer ese distorsionado y aberrado sistema de justicia con cualquier hijo de vecino que carezca del poder y los grupos de apoyo que tiene PRG.
Este “saltibanqui” que se ha visto con el procesamiento de Rosselló se reduce en última instancia a un burdo caso de “forum shopping” promovido por un ultrapolitizado Departamento de Justicia. Dicho sea de paso, Roberto Sánchez Ramos también ha demostrado su obsesión por imponer competencias, jueces y salas que entiende le son favorables a su Fiscalía, en el no menos antipático procesamiento criminal contra el artista símbolo PNP Eddie Miró y su esposa. Otro caso de “forum shopping” ante la consideración del Supremo, que le ha hecho mucho daño a la credibilidad de la justicia.
En última instancia, el escándalo del amancebamiento de la justicia puertorriqueña se reduce a dos polos responsables. Por un lado, un gobernador, un secretario de Justicia y un Partido Popular inmorales y sin escrúpulos, que en los últimos siete años han prostituido el sistema de justicia criminal en un paredón de fusilamiento para liquidar a los líderes de la oposición y a todo el que se les enfrente. Ese desenfreno, desajuste y abuso de los poderes investigativos y punitivos del Régimen colonial para destruir reputaciones y aniquilar aquellos que no pueden derrotar honestamente en las urnas, ha producido un gobierno “trigger happy” que le monta caldero a cualquiera, sin pudor, costo, ni recato.
Esa política pública oficialista de meter preso al enemigo, como si se tratara de criminales violentos, narcotraficantes y mafiosos, ha recibido el consentimiento tácito, el visto bueno, la “legalización”, la complacencia y, como hemos visto, la facilitación y la colaboración de tribunales, juzgados, administración, jueces y paneles de la rama de gobierno judicial. Sin ese endoso jurídico y sin esa propensidad a expeditar el trámite de estos casos políticos, los gobiernos populares nunca hubiesen podido procesar y fabricar los 60 casos que aquí en este espacio de EL VOCERO hemos documentado para la historia.
El caso de Rosselló no es el primer procedimiento en que se radican declaraciones juradas de testigos que hacen alusión a juezas que quieren freír a los acusados o pasarlos con odio por la piedra.
Sí. Algo inherentemente corrupto destruye nuestro sistema de justicia. Y esa ya innegable corrupción se llama carpeteo, segregación, discrimen por razón de ideología o partidismo, odios, rencores, obsesiones, sofismas y la conspiración de los estrados rojos para justificar lo injustificable y sentenciar que el fin justifica los medios...
referencia: El Vocero / 10 de febrero de 2007
La pequeña relación que hicimos de las decisiones más prominentes de perfil político emitidas por los juzgados, en los últimos dos años, no mencionó los casos políticos y los encausamientos criminales y éticos fabricados y tramitados en el sistema de justicia para perseguir líderes de la oposición, insumisos, enemigos y carpeteados del Régimen. Empezando por el caso de Pedro Rosselló, esos 60 “ajusticiamientos”, que en su vasta mayoría fueron desestimados, archivados o exonerados, demuestran un claro patrón criminal de continuas violaciones de derechos civiles que en seis años se han ventilado por la libre en las salas y en los estrados de la rama de gobierno judicial, sin que esa rama ni su autoridad suprema hayan protestado o emitido opinión para desalentar y castigar éticamente esa práctica y para que el Régimen cese y desista de la persecución.
Por sí sola, esa omisión crasa y ese silencio sepulcral de parte de las autoridades judiciales –que constitucionalmente están obligadas a dispensar justicia igual para todos, a garantizar el debido proceso de ley y a velar por la igual protección de las leyes– es la razón principal que nos hace pensar a muchos que la administración de la rama de gobierno judicial es cómplice y parte integral de los operativos de represión y de opresión del Régimen. Desde que la justicia de Sila Calderón pretendió meter presos a Carlos Pesquera, Leo Díaz, Rivera Schatz, Edwin Mundo, José Aponte, Miriam Ramírez y Jennifer González, por el acto de enarbolar una bandera en una oficina de gobierno, el Supremo debió haberle parado el caballito al Régimen. No lo hizo. El Departamento de Justicia y el sistema hicieron el ridículo de procesar los cargos de insurrección por “motín” ante incrédulos jurados y magistrados que se encargaron de exonerarlos.
La decisión del Circuito Apelativo de este pasado lunes, revocando la recusación de una juez y accediendo a la súplica de la Rama Ejecutiva para que designe a esa juez de la preferencia y de la confianza del Régimen para encausar criminalmente al enemigo político, es precisamente el tipo de decisión arbitraria y caprichosa que tira al suelo los buenos esfuerzos de cientos de jueces inmunes al partidismo que a diario imparten justicia. Si el Gobernador puede exigir y designar el juez que habrá de presidir cada sala, la independencia judicial es una burla. Una mofa que, dicho sea de paso, ha llegado hasta donde ha llegado, precisamente porque el Tribunal Supremo le dio luz verde al encausamiento del principal líder de la oposición, cuando se le cuestionó la jurisdicción exclusiva del FEI llegando a intimar que el caso retornaría y que allí lo esperan.
De hecho, el caso de Pedro Rosselló se pasa ya de castaño obscuro, en la medida en que tres secretarios de Justicia, los fiscales que originalmente consideraron la prueba y aún los analistas jurisconsultos de la prensa imperial coinciden, en que no hay guata para acusar y sostener los cargos. Peor aún, en el caso de Rosselló, la jurisdicción exclusiva y primaria para procesarlo como oficial público correspondía a la oficina del FEI y el propio gobierno dejó que prescribiera el tiempo para que ese panel pudiera encausarlo. Si todas estas barbaridades y barbaries le ocurren a un ex gobernador, senador y principal líder de la oposición, en un caso que a claras luces no es ni de prevaricación criminal, qué no será lo que puede hacer ese distorsionado y aberrado sistema de justicia con cualquier hijo de vecino que carezca del poder y los grupos de apoyo que tiene PRG.
Este “saltibanqui” que se ha visto con el procesamiento de Rosselló se reduce en última instancia a un burdo caso de “forum shopping” promovido por un ultrapolitizado Departamento de Justicia. Dicho sea de paso, Roberto Sánchez Ramos también ha demostrado su obsesión por imponer competencias, jueces y salas que entiende le son favorables a su Fiscalía, en el no menos antipático procesamiento criminal contra el artista símbolo PNP Eddie Miró y su esposa. Otro caso de “forum shopping” ante la consideración del Supremo, que le ha hecho mucho daño a la credibilidad de la justicia.
En última instancia, el escándalo del amancebamiento de la justicia puertorriqueña se reduce a dos polos responsables. Por un lado, un gobernador, un secretario de Justicia y un Partido Popular inmorales y sin escrúpulos, que en los últimos siete años han prostituido el sistema de justicia criminal en un paredón de fusilamiento para liquidar a los líderes de la oposición y a todo el que se les enfrente. Ese desenfreno, desajuste y abuso de los poderes investigativos y punitivos del Régimen colonial para destruir reputaciones y aniquilar aquellos que no pueden derrotar honestamente en las urnas, ha producido un gobierno “trigger happy” que le monta caldero a cualquiera, sin pudor, costo, ni recato.
Esa política pública oficialista de meter preso al enemigo, como si se tratara de criminales violentos, narcotraficantes y mafiosos, ha recibido el consentimiento tácito, el visto bueno, la “legalización”, la complacencia y, como hemos visto, la facilitación y la colaboración de tribunales, juzgados, administración, jueces y paneles de la rama de gobierno judicial. Sin ese endoso jurídico y sin esa propensidad a expeditar el trámite de estos casos políticos, los gobiernos populares nunca hubiesen podido procesar y fabricar los 60 casos que aquí en este espacio de EL VOCERO hemos documentado para la historia.
El caso de Rosselló no es el primer procedimiento en que se radican declaraciones juradas de testigos que hacen alusión a juezas que quieren freír a los acusados o pasarlos con odio por la piedra.
Sí. Algo inherentemente corrupto destruye nuestro sistema de justicia. Y esa ya innegable corrupción se llama carpeteo, segregación, discrimen por razón de ideología o partidismo, odios, rencores, obsesiones, sofismas y la conspiración de los estrados rojos para justificar lo injustificable y sentenciar que el fin justifica los medios...
referencia: El Vocero / 10 de febrero de 2007
posted by rafael1510 @ 12:55 p. m.
0 comments
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home