‘Nocáut’ a Justicia

‘Nocáut’ a Justicia
Por: Obed Betancourt EL VOCERO

El Ministerio Público fracasó en su gestión para que la jueza Isabel Llompart encontrara causa para acusar al imputado Pedro Rosselló González de tres delitos graves al ésta determinar ayer que "no existe esa prueba".Ahora, según el ex presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Leo Díaz, Rosselló González "tiene que ser el candidato a gobernador" en el 2008. El secretario de la colectividad, Tomás Rivera Schatz, por su parte, indicó que "ya había voces desde mucho antes del día de hoy" solicitando esa candidatura, antes de que se acusara al ex Gobernador y saliera finalmente por la puerta ancha. Jorge Santini, vicepresidente del PNP, dijo que "ojalá sea el candidato y radique, que se preocupen los que lo han estado traicionando y abandonándolo.

Con Rosselló 2008".Inmediatamente, Rivera Schatz y otros líderes reclamaron la renuncia del secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos. "Roberto, te lo dije, que te íbamos a ganar de nuevo. Debes renunciar como Secretario de Justicia por cometer ese atropello y tratar de fabricar un caso al líder de Puerto Rico", dijo Rivera Schatz. Más adelante agregó que "se acabó el evento, se acabó el abuso, ya terminamos con este calvario y vamos ahora a seguir otro camino con el presidente del partido haciendo lo que tiene que hacer por Puerto Rico", dijo en sus primeras expresiones tan pronto salió de sala. Indicó, además, que considerarán si hay causas civiles contra el Secretario de Justicia.Rosselló González no se dirigió a la Prensa, sino que bajó inmediatamente a incorporarse a las personas congregadas ante el tribunal, donde dio un discurso.Ninguno de los tres testigos que presentó el Ministerio Público pudieron asegurar que sea falsa la certificación que le permitió disfrutar de una pensión por méritos al ex Gobernador.

La certificación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) del 15 de diciembre de 2000, firmada por la directora interina de Recursos Humanos Carmen Haddock y el director de la agencia José Acevedo, estipuló que el ex Gobernador trabajó los veranos del 1962 al 1964 en talleres vivenciales en el Hospital Siquiátrico. Esta certificación fue anulada posteriormente por el entonces secretario de Salud Johnny Rullán en mayo del 2004. Al descartarse la certificación, el expediente de Rosselló González mostró una insuficiencia de varios meses, que resultó en que se le ajustara la pensión, de $4,374.99 mensuales a $2,461.38, además de cobrársele la diferencia que disfrutó durante varios años, que ascendió a sobre $80,000.

El abogado de defensa, Harry Padilla logró que la testigo Felícita Díaz admitiera que en casos de ajuste de pensión nunca se llevó a ningún pensionado a los tribunales, sino que se les hacía un plan de pago. A Rosselló González nunca se le ofreció un plan de pago. La testigo trabaja actualmente para el Sistema de Retiro en una alta posición, a la que regresó luego de haberse retirado en el 1998. Esta tuvo el encargo de revisar –en el 2004– el expediente del ex Gobernador y determinó que hubo irregularidades en el proceso de trámite de la pensión. No obstante, a pesar de lo que llamó "trámite irregular", éste no obstaculizaba que a Rosselló González se le confiriera la pensión, dijo.

Según su análisis, en el expediente no aparecían los contratos de esos veranos, se había anulado la certificación, fue estudiante de Harvard en el verano de 1963 y el ex Gobernador no contestó los requerimientos.Sin embargo, en su análisis del expediente, Díaz sólo lo examinó y las gestiones que hizo para corroborar que la certificación de ASSMCA no era cierta, fracasaron.En su informe al tribunal, Padilla reiteró que "éste es un caso en el que no hay causa porque no están todos los elementos del delito". Indicó que no se le puede acusar de una modalidad de falsificación de documentos porque nunca coaccionó o intimidó ni instigó para que así se firmara la certificación. De hecho, la Fiscalía nunca indicó a qué funcionario el ex Gobernador coaccionó para que firmara la certificación que le beneficiaba.

Mientras, la prueba sometida por la defensa incluía declaraciones juradas de personas, como el ex funcionario de Retiro, Andrés Figueroa y Carmen Haddock, que tuvieron ante sí una serie de documentos que demostraban que la solicitud de pensión se había hecho con prueba. "No puede pensarse que cada vez que un funcionario público pida información sobre su pensión, está conspirando para agenciársela ilegalmente", dijo el abogado."No hay prueba de intención criminal, no hay prueba de apropiación ilegal, ni coacción o intimidación o de aprovechamiento del cargo", reiteró Padilla a la jueza Llompart. "Aquí no hay nada", reiteró.

Rosselló González estaba denunciado por apropiación ilegal agravada, falsificación de documentos y violaciones a la Ley de Etica Gubernamental, aprovechamiento del cargo público, cargos relacionados con la pensión que obtuvo el actual Senador al salir de La Fortaleza al finalizar el año 2000.Antes de anunciar su determinación, la Jueza pasó revista a los requerimientos necesarios para que se encontrara o no causa para arresto, revisó los derechos del imputado en esta etapa y las garantías procesales que se le concedió a la Fiscalía y a la defensa, como someter documentos a favor de cada una de las partes. Luego de examinada esa evidencia, determinó que "no existe esa prueba" para sostener unas acusaciones.

Esta es la segunda jueza que no encuentra causa para arresto, pues el pasado 28 de diciembre la jueza Ada López Santiago tampoco halló causa. Como el caso ante la jueza Llompart era una vista de Regla 6 en alzada, el Ministerio Público agotó las oportunidades que tenía para procesarlo.Fuera de sala, el fiscal José Delgado dijo que "el trabajo está hecho, que la prueba es suficiente en Derecho y yo realmente creía que el sistema estaba maduro para procesar a un ex gobernador y obviamente el sistema no ha madurado lo suficiente para ese proceso".