Irregularidades ignoradas!

La subasta en la que el Gobierno otorgó el mega proyecto Ciudadela a dos empresas de Filadelfia que están bajo la mirilla de las autoridades federales estuvo marcada por irregularidades que ameritaban descalificación o cancelación, pero fueron ignoradas, según encontró una investigación de El Nuevo Día.

Las compañías, The Goldenberg Group y Parkway, han figurado continuamente en las peticiones de información del Gran Jurado que investiga los donativos de campaña del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Asimismo, la ex secretaria de la Vivienda, Ileana Echegoyen, y el ex director de la Administración para el Financiamiento de la Vivienda, José Cestero, fueron entrevistados por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) sobre la adjudicación.
Ciudadela es un proyecto residencial-comercial impulsado por el Departamento de Vivienda como desarrollo ancla de la iniciativa para la revitalización de Santurce.

La licitación se celebró entre el 2003 y el 2004, y en la misma, el Gobierno ofreció vender 22 cuerdas de terreno en el corazón de Santurce al desarrollador con la mejor propuesta acorde a los parámetros establecidos. Goldenberg y Parkway, se asociaron con la compañía puertorriqueña Miramar Real Estate Managment y su dueño, el licenciado Carlos López de Azúa, para participar.

Nadie ha explicado cómo se juntaron las tres empresas, pero meses antes, el entonces comisionado residente, Acevedo Vilá había referido a los presidentes de Goldenberg y Parkway a la entonces secretaria Echegoyen, como personas con interés en hacer negocios en la Isla. Echegoyen reveló el dato en declaraciones sobre su entrevista con el FBI.

Entre las situaciones irregulares detectadas, se encontró que López de Azúa examinó la oferta de compra de terreno y la evaluación hecha a la propuesta de su competidor, Bouet & Rodríguez-Q.B. Construction, antes de la presunta reunión final de evaluación y de la adjudicación del contrato.

La información surge de la minuta de esa reunión final donde López de Azúa dijo que sabía que su contrincante había ofrecido $9 millones ó $700,000 más que su grupo, e hizo una nueva oferta: “$100,000 por encima” de cualquiera que hiciese su competidor hasta $10 millones.
Algunas de las personas presentes cuestionaron por qué se permitió a López de Azúa semejante privilegio. Una fuente relató que, previo a la reunión, el abogado se presentó a la oficina de Cestero insistiendo en ver los documentos, y éste último lo autorizó pensando que eran públicos. El actual secretario, Jorge Rivera Jiménez, confirmó la versión.

Las reglas de la subasta establecían que no se aceptarían “propuestas con ofertas económicas alternas” y que radicar ofertas alternas así como tener comunicaciones ex-parte con funcionarios a favor o en contra de propuestas eran motivo de descalificación.
De otra parte, testimonios y documentación evidenciaron que la citada reunión de evaluación, celebrada el 27 de febrero de 2004, fue una “pro-forma” porque la decisión había sido tomada.
Según la minuta, participaron los miembros de un “comité evaluador” compuesto por los desarrolladores Federico Sánchez, José Vizcarrondo, y Joel Katz, y los entonces subsecretario de Transportación, José Cruz Medina, y secretario de Recursos Naturales, Luis E. Rodríguez.
También estuvieron presentes los miembros del “comité técnico” de Vivienda: los arquitectos Jaime Sobrino y Carlos Vivoni, y la señora Hilda Marchena y Cestero.

Sin embargo al momento del encuentro, este comité técnico ya había evaluado las propuestas y tabulado las hojas en las que otorgaban puntos a cada una en varias categorías.

El insumo del alegado comité evaluador, documentado en la minuta, no generó cambios en las hojas pese a que tres miembros mostraron mayor inclinación por el proyecto de Bouet & Rodríguez-Q.B. Construction. Estos destacaron que el tener un contratista en este grupo le daba “más seguridad al desarrollo”, que el diseño era “de mayor contraste con el área, y que la propuesta de Goldenberg-Parkway-Miramar era más “fría” sin “tanta área verde”.

Los desarrolladores también expresaron preocupación por el itinerario y la logística de construcción de este consorcio señalando que “brindaban un alto riesgo”.

Al final de la reunión, el grupo acordó que tenía inquietudes con ambas propuestas, y que no favorecía ninguna.

El secretario Rivera Jiménez, subsecretario para la época, confirmó que ese fue el orden de los eventos, pero descartó cualquier irregularidad e insistió en que el insumo del comité evaluador fue sopesado. Dijo que hubiese sido de peso si hubiese sido “diametralmente opuesta” al del comité interno.

“Este es uno de los procesos más transparentes que yo he visto”, aseguró Rivera Jiménez.
En marzo de 2004, la subasta fue adjudicada a Goldenberg-Parkway-Miramar, según Rivera Jiménez, sin que la oferta alterna pesara en la evaluación. No obstante, la agencia aceptó el cheque por $9.1 millones de Miramar.

Bouet & Rodríguez-Q.B. impugnó la adjudicación, pero su apelación no fue considerada por la Junta de Subastas.

Finalmente, el 22 de octubre, día de la firma del contrato, sólo compareció López de Azúa y ese día Vivienda se enteró de que los socios americanos se habían retirado, según informó la asesora a cargo, Liza Fernández. Aún así, Echegoyen, hoy asesora del Gobernador, procedió con la firma.
Rivera Jiménez aseguró, en entrevista, que Vivienda hizo una reevaluación del nuevo panorama y determinó que Miramar cumplía con los requerimientos. Sin embargo, no pudo proveer evidencia documental, ni los nombres de los que realizaron el presunto análisis.

Asimismo, admitió que la evaluación hubiese sido distinta si Miramar hubiese sido el competidor inicial.

López de Azúa; Joseph Zuritsky, presidente de Parkway; y Ken Goldenberg, presidente Goldenberg Group y donante de Acevedo Vilá, no contestaron llamadas para dar su versión de los hechos y del rompimiento del consorcio.