Cuestionado el ELA

Cuestionado el ELA
Por: Aiola Virella EL VOCERO

La discusión sobre la viabilidad del Estado Libre Asociado (ELA) como una opción permanente y no territorial para resolver el status de Puerto Rico fue central en la audiencia que celebró ayer la Subcomisión de Asuntos Insulares del Congreso que atiende los dos proyectos radicados en ese cuerpo legislativo entorno al futuro político de la Isla.

El representante del Servicio de Investigaciones del Congreso, Kenneth Thomas, opinó que la propuesta de un ELA desarrollado que podría adoptar una asamblea constituyente requeriría una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Tanto Thomas como otros deponentes plantearon cuestionamientos constitucionales a la posibilidad de considerar el ELA como una opción permanente en la que los puertorriqueños pudieran tener poderes soberanos fuera de la cláusula territorial de Estados Unidos.

Mientras que el profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, Richard Pildes, expuso que la consecución de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y sus territorios para conceder poderes plenarios a los últimos no choca con la Constitución de Estados Unidos y que si un Congreso reconoce unos poderes a un territorio, otro Congreso subsiguiente no podría eliminarlos. Ese argumento fue contradicho por el comisionado residente, Luis Fortuño. Mientras que en su ponencia, el profesor de derecho constitucional, Carlos M. Gorrín califica como ilusoria la pretensión de que un Congreso comprometa a otro. La vista de ayer contó con la participación del presidente de la Comisión de Recursos del Congreso, Nick J. Rahall, quien manifestó su intención de atender de forma expedita el asunto del status de la Isla. Detalló que desde que se estableció el ELA en Puerto Rico en 1952 se han celebrado cuatro consultas de status, que desde la década del ’70 se han radicado 40 medidas ante el Congreso y que ese cuerpo legislativo ha efectuado unas 10 audiencias sobre el tema.

"Este es el momento en que debemos trabajar para proveer una dirección clara a Puerto Rico en la resolución de su status que sea consistente con la Constitución de Estados Unidos", dijo Rahall en su declaración inicial durante las vistas. Añadió que "creo que es responsabilidad de esta subcomisión ser un ente honesto para que la gente de Puerto Rico pueda adelantar este asunto". Por su parte, la presidenta de la Subcomisión, Donna M. Christensen, expuso que aunque ella favorece el proyecto Velázquez Gutiérrez, que propone una asamblea constitucional de status, su intención es que mediante el proceso de vistas públicas los puertorriqueños estén informados sobre todas las opciones. Destacó que la presencia de Rahall y del portavoz de la minoría republicana en la Comisión de Recursos, Don Young, son un mensaje claro sobre la importancia del tema para ellos.

La delegada de Islas Vírgenes expuso que la discusión sobre el status de Puerto Rico es seguida por otros territorios y mencionó que si se limitaran las opciones a estadidad o independencia, automáticamente se limitan las opciones para Islas Vírgenes. Uno que fue enfático en contra de mantener un status colonial fue el autor del proyecto que propone una consulta al pueblo, el congresista puertorriqueño, José Serrano, quien afirmó que hay que organizarse contra la colonia para luego decidir entre estadidad o independencia. Serrano sostuvo que están legislando un asunto de moralidad. "Le pido a los que apoyan al ELA que acepten la realidad de que no hay tal cosa. Continuar pidiendo un ELA colonial es un mal servicio a la gente de Puerto Rico, al Congreso y al mundo", dijo Serrano en su turno inicial. Mientras que su compatriota, la congresista, Nydia Velázquez, enfatizó en la necesidad de que sean los puertorriqueños los que decidan en lugar de que el Congreso legisle un proceso y sus opciones. "No voy a ir a Puerto Rico a decirle a la gente de Puerto Rico cuál es la mejor opción para ellos, eso es una determinación de la gente de Puerto Rico", dijo la autora de la medida que propone una asamblea constitucional de status.

Al mismo tiempo, propuso que se celebren vistas en la Isla y en ciudades con grandes concentraciones de puertorriqueños como Nueva York y Orlando. En cuanto a los proyectos, el deponente del Servicio de Investigaciones Congresionales sostuvo que surgen varias preguntas sobre el ELA que podría surgir de la asamblea constitucional de status, ya que el lenguaje es ambiguo. Mencionó que no está claro cómo aplicaría la jurisdicción federal en un ELA desarrollado y si sería constitucional que el Congreso no pueda aplicar leyes a Puerto Rico.

Por su parte, Gorrín presentó un contexto histórico sobre la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. El profesor de derecho constitucional estableció un paralelismo entre el colonialismo y la esclavitud. "Nadie debe consentir la esclavitud, nadie debe consentir el colonialismo". Opinó que los dos proyectos planteados tienen aspectos positivos y negativos, por lo que abogó para que se complementen en una medida que adelante la solución del problema.

En tanto, el profesor Pildes calificó como "inadecuado" el análisis constitucional en que se basa el proyecto Serrano-Fortuño y el informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca. El abogado sostuvo que no hay nada en la constitución que le niegue al Congreso de Estados Unidos presentar un ELA desarrollado como opción. Pildes opinó que el análisis constitucional del Grupo de Trabajo de Casa Blanca ignoró jurisprudencia existente. Añadió que la cláusula territorial es amplía y que permitiría al Congreso usar ese poder para crear nuevas relaciones de acuerdos bilaterales que no podrían ser revocadas por otros Congresos.

Sin embargo, Thomas dijo a preguntas de Christensen, que no podía hablar de un espacio en la Constitución para un acuerdo bilateral entre el Congreso y un territorio.De hecho, el abogado constitucionalista Thomas C. Goldstein afirmó que el ELA no es una solución viable en el orden constitucional de Estados Unidos. "Si Puerto Rico se mantiene como ELA, los poderes plenarios quedan en el Congreso.

El Congreso puede decidir que ciertas leyes no apliquen en Puerto Rico, pero es diferente a que la gente de Puerto Rico decida que ciertas leyes federales no le aplicarán". Por su parte, el director ejecutivo del Movimiento Autonomista Socialdemócrata, Ramón Luis Nieves, expuso los pasos hacia una libre asociación y defendió que los puertorriqueños mantengan la ciudadanía americana bajo ese status. El segundo panel se centró en el tema del impacto del status en la economía del país.

Los tres deponentes: Manuel Mejía, presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Baquero, presidente de la Fundación Puertorriqueña para la Acción Democrática y José Luis Fernández, presidente de la Asociación Interamericana de Empresarios, coincidieron en que el problema del status incide en la economía puertorriqueña y describieron un ambiente de incertidumbre para hacer negocios en el país.

Aunque Mejía no se expresó sobre ninguna de las opciones de status, ni los méritos de ninguno de los proyectos radicados, sí urgió al Congreso a presentar unas guías claras sobre las opciones, encausar un proceso de educación y dejar claro los pasos de transición hacia otro status. Afirmó que la mayor preocupación de la Cámara de Comercio es que Puerto Rico sea competitivo en el mercado global.

De otro lado, Baquero fue enfático en que no deben haber opciones territoriales, ni coloniales en un futuro proceso y favoreció un desarrollo a la libre asociación.Mientras que Fernández sostuvo que el status territorial dejó de beneficiar a Puerto Rico hace tiempo. Describió como difícil la situación económica actual y habló de un éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos.

El deponente también abogó por opciones reales, descartando el ELA como una de ellas. En el tercer panel, la presidenta del Colegio de Abogados, Celina Romany respaldó el proyecto Velázquez-Gutiérrez que propone la asamblea constitucional de status.