Archivo secreto compromete a Gobernador

Archivo secreto compromete a Gobernador

05/18/2006

Jesús Dávila

"Se pretendía introducir información en los medios y usar a sindicatos para evitar que se conociera déficit de presupuesto"

SAN JUAN/CORRESPONSAL EDLP — Un plan secreto de manipular la opinión pública para esconder la verdad sobre las finanzas del Estado y una transacción dudosa para sustraer millones de dólares de un fondo de seguridad para obreros emergió al revelarse un borrador fechado en 1989, que identifica como autor al ahora Gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

El documento, con membrete de la Oficina del Gobernador, fue obtenido por EL DIARIO/LA PRENSA de fuentes con acceso a archivos confidenciales y presenta un plan detallado sobre cómo se proponía plantar información en los medios noticiosos, al igual que manipular a sindicatos y a otras instituciones, todo para evitar que se conociera que había una deficiencia grave en el presupuesto ordinario y que la misma se cubriría con una transferencia cuestionable de dinero del Fondo del Seguro del Estado (FSE).

Una fotocopia del documento fue entregada temprano ayer en el Palacio de Santa Catalina con la solicitud expresa de que el Gobernador expusiera su versión, pero a la hora del cierre no se había recibido comentario alguno.

La estrategia esbozada en el borrador del memorando presenta muchas semejanzas con la usada por Acevedo Vilá diecisiete años después -ya como Gobernador- en el manejo de la propaganda y la discusión pública sobre la crisis fiscal del Estado. En aquella época, sin embargo, se trataba de un joven abogado de menos de 30 años que hacía algunos meses había sido reclutado como ayudante del Gobernador Rafael Hernández Colón para trabajar con asuntos legislativos.

Por aquellos años estaban ocurriendo cosas que casi dos décadas después estallarían en la peor crisis del Estado en Puerto Rico desde el Siglo XVII. Pero todavía se trataba de peligros y advertencias.

El Secretario de Hacienda, Juan Agosto Alicea, había anunciado que renunciaba porque se pretendía cuadrar el presupuesto de gastos ordinarios con ingresos no recurrentes y advertía que la deuda pública estaba creciendo sin controles. Eran meses también en los que la Oficina de Contabilidad General del Congreso de Estados Unidos evaluaba la economía de Puerto Rico y opinaba que sólo la emigración y la alta nómina pública -de cerca de 200,000 trabajadores- le daban estabilidad al empleo en el país.

Según el memorando atribuido a Acevedo Vilá, el plan consistía en cubrir una insuficiencia operacional de 50 millones de dólares con la aprobación por parte de la Legislatura de una transferencia de sobrantes del FSE simulada como asignación para el desarrollo de obras. "En todo momento -dice el documento- se debe evitar la sensación de que lo que vamos a hacer es remediar un déficit presupuestario".

El propio documento consigna que el director del FSE (Alberto Bacó) tenía objeciones y decía que los sobrantes debían usarse para más beneficios a los obreros lesionados o para bajar las primas de los patronos, que el asunto podía tener un "impacto público" adverso y que ni siquiera había un estudio actuarial que garantizara que tal sobrante existía. De hecho, las transferencias se hicieron ese año fiscal y por lo menos en otra ocasión mientras que al entregar el cargo en 1992, Bacó consignó que el FSE tenía un déficit millonario para gastos administrativos.