Asoma informe económico de GAO

Asoma informe económico de GAO

Lunes, 8 de mayo de 2006
Por José A. Delgado - El Nuevo Dia

WASHINGTON - El Ejecutivo de Puerto Rico conocerá mañana, por vez primera, detalles del estudio de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) en torno a la economía de la Isla, un informe que es esperado desde el verano de 2004.

Pero, el Ejecutivo prevé que no será hasta que el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos del Congreso haga su análisis sobre posibles propuestas que pudiera estudiar el legislativo federal, que las autoridades boricuas conocerán con precisión las proyecciones sobre posibles iniciativas en Washington destinadas a mejorar la economía de la Isla.

“Debemos recibir (mañana) un primer borrador del informe (de la GAO)”, dijo el secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Jorge Silva Puras, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Funcionarios de la GAO se reunirán con Silva Puras en San Juan el martes en la mañana. Ese mismo día se espera que los funcionarios de la GAO también discutan en San Juan su informe preliminar con el comisionado residente en Washington, Luis Fortuño.

El informe debe ser, sobre todo, una comparación de la economía de Puerto Rico con la de los estados, la capital federal y otros territorios estadounidenses. “La realidad es que llevan varios años (desde octubre de 2003) recopilando información de varias agencias gubernamentales”, sostuvo Silva Puras, quien recibirá en sus oficinas, en San Juan, a representantes de la GAO.

Para el Secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, el hecho de que el informe esté prácticamente listo – sólo en espera de comentarios de fuentes como el Gobierno de Puerto Rico-, es un avance significativo. Pero, advirtió que aún habrá que esperar unas semanas – quizá hasta junio o julio-, por el análisis que realice el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos del Congreso sobre el costo de posibles nuevas iniciativas legislativas.

El examen del comité del Congreso – integrado por expertos en asuntos tributarios y que funciona bajo acuerdos bipartidistas -, debe aclarar qué iniciativas, si algunas, podrán encontrar eco en el legislativo federal con el fin de incentivar la economía boricua.

El Ejecutivo ha discutido dos iniciativas principales con el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos. Por un lado, quiere que las empresas con base en Puerto Rico tengan acceso a los créditos por investigación y desarrollo que se otorgan en los estados.

Y además han propuesto un crédito parcial a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) por los dividendos que generan en Puerto Rico. Silva Puras indicó que el crédito por dividendos se otorga actualmente a las subsidiarias de corporaciones que hacen negocios en Estados Unidos con el propósito de evitarles la doble tributación.

La intención del Gobierno de Puerto Rico es limitar ese mismo crédito al 25% en el caso de las CFC que tienen subsidiarias en la Isla.

Silva Puras indicó que están conscientes de que la propuesta tiene que evitar costos excesivos al Tesoro federal. “Cualquier propuesta que tenga un costo mayor de $1,000 millones (anuales)” difícilmente tendrá el visto bueno del Congreso, dijo. Ese tipo de evaluación, es la que tendrá en sus manos el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos (JTC, por sus siglas en inglés).

El Ejecutivo de Puerto Rico – que es asesorado en esta área por la empresa Price Waterhouse-, ha tenido ya reuniones sobre esa iniciativa con el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos. “Entendemos que van a analizar esa propuesta”, dijo, aunque advirtió que hasta el momento la Comisión ha sido “tan parca como la GAO”.

Silva Puras no espera que el debate sobre posibles nuevos incentivos contributivos federales a las CFC provoque nuevas divisiones entre el Ejecutivo y la oficina del Comisionado Residente en Washington.

“No vemos mayores discrepancias conceptuales”, afirmó, al indicar que coinciden con el comisionado Fortuño en no promover medidas especiales para Puerto Rico.

“Buscamos beneficios que ya existen” a nivel de Estados Unidos, señaló.

El comisionado Fortuño, por su parte, ha indicado que “el informe (de la GAO) debe ser una radiografía de varios aspectos económicos de Puerto Rico”. Según Fotuño, aunque el estudio pueda tener incidencia sobre el tema del status político de la Isla “el propósito principal no es ése”.

La Comisión de Finanzas del Senado federal, que hasta finales de la semana pasada aseguró que no había recibido el informe, solicitó el estudio en octubre de 2003, en momentos en que el gobierno de Sila María Calderón promovía enmiendas a la sección 956 del Código de Rentas Internas federal que otorgarían nuevas exenciones tributarias federales a las CFC establecidas en la Isla.

Entonces, además, los sectores estadistas impulsaban extender los beneficios de la sección 30-A, que otorgó créditos tributarios que dependían de la nómina que tuviera en la Isla una corporación estadounidense.