PNP refiere caso de Green a Justicia federal

PNP refiere caso de Green a Justicia federal

(AP) — El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, solicitó hoy, jueves a la Oficina de Etica Gubernamental y al secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto González, que investiguen la contratación del abogado Thomas Green como parte del equipo de defensa del gobernador Aníbal Acevedo Vilá en una pesquisa de un gran jurado federal.Ante la Oficina de Etica Gubernamental, el también Comisionado Electoral del PNP alega que el Gobernador violó el Artículo 3.2 de la ley orgánica de esa agencia que prohibe a los funcionarios beneficiarse del cargo público.

Al Secretario de Justicia estadounidense, Rivera Schatz le solicita una investigación sobre la procedencia y utilización de los fondos con que el PPD pagará los honorarios de Green.‘‘Nuestra preocupación es que el PPD pudo haber conspirado y beneficiado (sic) de los donativos ilegales de campaña del Gobernador y que estos bienes ahora están siendo transferidos en la forma de honorarios de abogados’’, dice la carta a González, firmada además por el ex presidente del Senado Charlie Rodríguez como asesor de Rivera Schatz.

Según el Comisionado Electoral del PNP, el Gobernador habría violado el Artículo 3.2 de la Ley de Etica Gubernamental que dispone que ‘‘ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él o para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley’’.Rivera Schatz citó un artículo de periódico en donde se menciona que Green estaría contratado por la oficina del licenciado Pedro Ortiz Alvarez y sería pagado con aportaciones de ‘‘amigos’’ del Gobernador y presidente del PPD.

Destacó que Ortiz Alvarez —abogado personal de Acevedo Vilá— tienen contratos con agencias de gobierno, mientras que Green pertenece a un bufete contratado por el Banco Gubernamental de Fomento.‘‘Entendemos que existen violaciones a la Ley de Etica Gubernamental por parte del Gobernador al utilizar su influencia para que el licenciado Ortiz Alvarez, quien es a su misma vez (sic) abogado suyo personal, así como de agencias del gobierno y municipios, le haya conseguido una representación legal, el cual a su vez pertenece a un bufete que tiene contratos’’ con el gobierno, añadió Rivera Schatz en su carta a Etica.

Ante el Departamento de Justicia estadounidense, la alegación es que en este caso aplicaría la Ley federal Comprensiva de Confiscaciones (LCC) de 1984 que provee para la confiscación de los bienes que recibió un acusado por transacciones ilegales y que podrían se identificados como ‘‘frutos del crimen’’.

‘‘El Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó que la LCC autoriza una orden con antelación al juicio congelando los bienes en posesión de un acusado aun cuando el acusado intenta utilizar los bienes para pagar (un) abogado y que tal disposición no viola el derecho a tener asistencia de abogado según protege’’ la Constitución de Estados Unidos, señala la carta de Rivera Schatz y Rodríguez al Secretario de Justicia estadounidense.