lunes, abril 23, 2007

Listos para un posible residenciamiento

Listos para un posible residenciamiento

Por la Redacción El Nuevo Dia
La Cámara de Representantes está preparada por si se radican cargos federales contra el Gobernador.

Si el Gran Jurado federal que investiga al gobernador Aníbal Acevedo Vilá encuentra cargos para enjuiciarlo por el manejo de los fondos de su campaña política en el 2000, la Cámara de Representantes está lista para iniciar un proceso de residenciamiento.

Así lo indicó el hoy el presidente del cuerpo legislativo, José Aponte, luego de recibir las recomendaciones de un grupo de asesores, encabezado por el ex presidente senatorial Charlie Hernández, a los que le había encomendado preparar un estudio legal sobre un posible residenciamiento del Gobernador.


“Es simplemente un documento de trabajo pero sabemos cuál es el proceso si por mala suerte se diera un proceso de residenciamiento. Somos conscientes de lo que dice la Constitución en estos casos: la Cámara funge como fiscal, el Senado es el jurado y quien dirige el proceso es el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico”, dijo Aponte a una emisora (WUNO).


El líder cameral explicó que nunca en la historia política del País “hemos visto una situación tan bochornosa de que un gobernador esté siendo investigado por un Gran Jurado. Eso es perjudicial desde el punto de vista de Puerto Rico como pueblo”, sostuvo Aponte.


Agregó que los reglamentos en la Legislatura no tienen detalles específicos de cómo atender una situación de residenciamiento. “La Constitución establece (un procedimiento) pero los reglamentos no van al detalle”, indicó el representante.


Para Aponte “en estos momentos” no hay base para iniciar un proceso de residenciamiento contra Acevedo Vilá. “No me he sentado a hacer un análisis detallado y si las implicaciones cumplen con los detalles específicos de la Constitución sobre violación para provocar un residenciamiento”, dijo el legislador.


Para que un proceso de residenciamiento se inicie es necesario probar que un funcionario público incurrió en traición, soborno y otros delitos graves y menos graves que impliquen depravación moral.


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