La denegación ‘de facto’ y ‘de jure’ del derecho al voto

La denegación ‘de facto’ y ‘de jure’ del derecho al voto

Por Dr. Pedro Rosselló
Catedrático

En una columna anterior, establecimos que dentro de la democracia americana aún existe hoy en día la negación de facto al derecho al voto de ciudadanos capacitados. Esta denegación es teóricamente ilegal, sin embargo muy real, tal y como salió a relucir de manera muy novel luego de las elecciones nacionales del 2000. De otra parte, también persiste la negación de jure al derecho al voto -es decir, una negación al voto completamente legal- a ciudadanos americanos que residen en los territorios de los EE.UU. incluyendo, claro está, Puerto Rico.

Aunque parezca incompatible con los principios democráticos que definen nuestra nación, esta denegación del derecho fundamental al voto –tanto de facto como de jure- fue práctica común desde el inicio de la República, y aún sigue siéndolo. Pero al igual que otras injusticias sufragistas que se enconaron en la agenda nacional antes de ser superadas, esta falla democrática también espera su resolución.

Recordemos que en la elección del primer presidente estadounidense, sólo el 6% de toda la población de entonces estaba calificada para votar. Y en años subsiguientes, el sufragio terminaba en manos de un 50% a un 80% de los varones blancos adultos del país, lo que se traducía a sólo un 10% ó 16% de la población total.

El sufragio también se le limitaba a los millones de inmigrantes que llegaron a la joven república a principios del siglo XIX. A pesar de que la nueva nación fue una fundada por extranjeros, los residentes ya establecidos consideraban que los inmigrantes alemanes e irlandeses (unos 3 millones de ellos habían recién llegado entre los 1820 y los 1860) no estaban calificados para votar por ser tan “distintos” en términos de religión, cultura y condición social, lo que en sí amenazaba (según la mentalidad de la época) con el estilo de vida puramente “americano”.

Con el advenimiento del Partido Demócrata del eventual presidente Andrew Jackson, se vio un movimiento a favor del sufragio universal, deteniendo así el empuje de los nativistas de la época, que buscaban aplazar la naturalización de los nuevos inmigrantes para, de esa forma, limitar su participación electoral.

Durante la Era de la Reconstrucción, luego de la Guerra Civil, las enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución fueron aprobadas, otorgándole a los afroamericanos, legal y constitucionalmente, el derecho sufragista. Sin embargo, la mayoría de esos mismos afroamericanos -especialmente en el Sur- vio a varias de sus generaciones excluidas de facto de las urnas electorales. La notoria decisión en el caso Plessy v. Ferguson del Tribunal Supremo en 1896 determinó que la segregación racial decretada por los estados era compatible con la doctrina constitucional de la igualdad ante la ley.

En pocas palabras, el propio Supremo certificó la bochornosa doctrina de “separados pero iguales”, dando paso así a un sinnúmero de leyes estatales y actos discriminatorios contra los afroamericanos. Fue en el 1954 que finalmente se revocó la decisión de Plessy con el caso Brown v. Board of Education, el cual eliminó la segregación racial y puso coto a la violación de derechos civiles –incluyendo el derecho al voto- contra este grupo de ciudadanos.

El mismo Tribunal Supremo de Plessy, presidido por el juez Melville Fuller, dictaminó también sobre los ya conocidos “Casos Insulares” a principios del siglo XX, los cuales establecieron una distinción que nunca antes existía entre los territorios americanos “incorporados” y los “no-incorporados” -es decir, territorios americanos que se consideran “separados y desiguales”. De esta determinación judicial se desprende la negación de jure al voto en los comicios electorales nacionales que aún sufren los ciudadanos de los territorios americanos “no-incorporados”, como lo es Puerto Rico.

Asimismo, los indios americanos tuvieron que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para que se eliminaran todas las barreras que imponían una negación de facto a su derecho legal al voto en los distintos estados. A las personas indígenas de Estados Unidos se les extendió la ciudadanía en 1924, pero su derecho al voto se limitó de inmediato -particularmente en los estados donde constituían un por ciento significativo de la población total.

Algunas jurisdicciones mantenían que los indios no eran ciudadanos del estado, a pesar de ser ciudadanos de la Nación. Otros manipulaban los requisitos de residencia para negarles el voto a los indios. No fue hasta el 1948, al ser retado por indios veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que el Tribunal Supremo de Arizona cambió de opinión y concluyó que “el sufragio es el derecho civil más básico, ya que su ejercicio es la manera primordial de proteger otros derechos. El negar el derecho al voto a los que legalmente lo tengan violenta los principios de la igualdad y la libertad.”

También se dio (y se sigue dando) la negación al voto por razones de geografía. Los ciudadanos americanos residentes del Distrito de Columbia – Washington, D.C., la capital federal - no lograron su derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos hasta que se ratificó la 23ra. Enmienda en 1961. Este reconocimiento de derechos electorales fue, sin embargo, sólo parcial. La Enmienda omitió todo lenguaje que daría a los residentes del Distrito de Columbia representación con voto en el Congreso.

Esta negación al voto por razones de geografía se vio igualmente en el caso Romeu v. Cohen radicado el 24 de marzo de 2000 en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. Romeu había sido residente de Nueva York del 1994 al 1999, y había votado allí en las elecciones de 1996.

Luego de trasladarse a Puerto Rico e inscribirse aquí como votante en julio de 1999, solicitó –bajo el Acta del Voto Ausente para Ciudadanos en Uniforme y en el Extranjero de 1986 [UOCAVA]- una papeleta de votante ausente del estado de Nueva York para las elecciones presidenciales del 2000. Nueva York denegó su petición fundamentándose en que no cumplía con la estipulación del UOCAVA de que los solicitantes tenían que residir fuera de Estados Unidos.

Si Romeu se hubiese trasladado a Francia, Venezuela, Irán o Cuba, se le hubiese otorgado la papeleta de votante ausente. Al igual que los ciudadanos americanos que residen en países extranjeros, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no pueden emitir sus papeletas en los recintos electorales locales. Sin embargo, para efectos del UOCAVA, Puerto Rico se considera parte de los Estados Unidos (a pesar del hecho de que otra jurisprudencia federal considera el territorio “extranjero en el sentido doméstico”).

En sí, a lo largo de la historia de los EE.UU., la ampliación del derecho al voto ordenada por ley ha venido acompañada, por costumbre, de una campaña sin tregua para combatir una negación al voto de facto y/o de jure. En repetidas ocasiones, utilizando maniobras nebulosas de intereses arraigados y reticentes a compartir el poder, los derechos legales de ciertos ciudadanos se han visto restringidos.

Es así como Puerto Rico (y los demás territorios) hoy permanece como la ultima frontera en la denegación del derecho al voto.

Esta es una de varias columnas adaptadas en serie del contenido del libro “El asunto inconcluso de la democracia americana” (2009). El autor es profesor universitario

Will Puerto Rico Become the 51st State?

Will Puerto Rico Become the 51st State?
Saturday, June 27, 2009

51-state flag

The United States has controlled Puerto Rico for 110 years, yet American lawmakers have never bothered to ask Puerto Ricans what they want to do about their future. But a bill currently in Congress would do just that, by conducting a two-part referendum on the island to help determine if it should become the 51st state.

If Congress gives the okay, the first plebiscite would ask Puerto Ricans (those living on the island or those born there but now living in the U.S.) whether they would like to change their political status. If a majority says yes, then a second plebiscite would be held offering three options: independence, independence with a special association with the United States (commonwealth) or statehood.

The U.S. took control of Puerto Rico after the Spanish-American War in 1898, and granted Puerto Ricans U.S. citizenship in 1917. Although the island does have a representative in Congress, that official has no voting power, and Puerto Ricans are not allowed to vote in American presidential elections and they pay no federal income taxes.

Pedro Pierluisi, Puerto Rico’s congressional representative, argues that a congressionally ordered referendum would have more weight than past plebiscites and force Washington to take action on the island’s status. Previous local elections that asked Puerto Ricans what they want to do about their island’s status have resulted in deadlocks between those who favor statehood and those wanting commonwealth status. Only a small percentage has expressed interest in complete independence.

The 2008 Republican Party platform supported statehood for Puerto Rico, if its citizens voted for the option. The Democratic Party platform was more vague, but acknowledged the right of Puerto Rican self-determination. If Puerto Rico does become the 51st state, it would rank 27th in population between Kentucky and Oregon.

-Noel Brinkerhoff

Congress considers referendum on Puerto Rico's political status (by Frances Robles, Miami Herald)

H.R. 2499: Puerto Rico Democracy Act of 2009 (Govtrack.us)

Vista sin mayores sorpresas

Vista sin mayores sorpresas

Por Mario Santana Ortiz EL VOCERO

El Partido Nuevo Progresista (PNP) lo respaldó al caracterizarlo como un proceso justo para la libre determinación de 4 millones de ciudadanos americanos que carecen de franquicia electoral, el Partido Popular Democrático (PPD) lo denunció como una trampa para darle a la estadidad el triunfo que no podría tener en una competencia justa contra el Estado Libre Asociado (ELA) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reclamó enmiendas que permitan su aprobación y que dejen espacio para la posibilidad de una asamblea constituyente.

La vista celebrada ayer en el Congreso de los Estados Unidos para discutir el proyecto de status del comisionado residente Pedro Pierluisi no produjo ninguna sorpresa mayor. Cada partido político electoral de Puerto Rico esbozó las posiciones que ya habían hecho públicas.

La vista pública la celebró la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, que es la que tiene jurisdicción sobre los territorios estadounidenses en ese cuerpo. Según Pierluisi, es probable que sea la única vista pública antes de que proyecto y las enmiendas propuestas pasen a la consideración de los miembros de la Comisión.

Fortuño toma distancias de las propuestas de su propio partido

Quizás la sorpresa mayor de la jornada fue que el ex gobernador Carlos Romero Barceló, al deponer en calidad de representante del PNP, propuso que el proyecto de Pierluisi sea sustituido por el que el presentaron el pasado cuatrienio el gobernador Luis Fortuño (cuando era Comisionado Residente) y el congresista puertorriqueño José Serrano, muy similar, en su versión original, al de Pierluisi.

En cambio, Fortuño, quien además de gobernador es el presidente del PNP, apoyó sin reservas el proyecto de Pierluisi. También lo apoyaron los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Jenniffer González.

Fortuño, en una entrevista con EL VOCERO posterior a la vista, dijo que lo que dijo Romero Barceló fue que si iba a haber cambios al proyecto de Pierluisi, entonces que incorporaran el lenguaje del proyecto HR 900, pues “es mucho más agresivo en ese tema (de las definiciones de las opciones de status) y le va a gustar mucho menos al Partido Popular Democrático”.

Romero Barceló también propuso que se enmendara el proyecto para que se caracterice a la actual relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos como una territorial. El proyecto de Pierluisi, tal como se presentó, busca que el Congreso autorice al gobierno de Puerto Rico a celebrar una primera consulta en la que se le pregunten a los electores si desean mantener o cambiar el actual status político.

También en este punto Fortuño mantuvo una distancia con la propuesta de Romero Barceló. Dijo que “por supuesto, es lo que preferiríamos todos” que en el proyecto se caracterice al ELA como un status territorial, pero que para lograr “llegar a un acuerdo” (no dijo con quiénes) decidieron “suavizar el lenguaje”.

Romero Barceló no fue el único líder prominente del PNP en proponer enmiendas al proyecto de Pierluisi. Rivera Schatz propuso una que establezca que el Congreso vendrá obligado a ejecutar la decisión que tomen los puertorriqueños en el plebiscito entre estadidad, independencia y asociación soberana.

Fortuño también tomó distancias con esta enmienda. Dijo que Rivera Schatz no tiene dudas de que, aún sin esa enmienda, el Congreso acatará los resultados del plebiscito.

PNP explota las contradicciones del ELA

Pero más allá de esos aspectos, los argumentos de Fortuño, Romero Barceló, Rivera Schatz y Jenniffer González para apoyar el proyecto fueron prácticamente iguales.

En general, el liderato del PNP expuso la contradicción que supone para los Estados Unidos presentarse como ejemplo de democracia en el mundo mientras mantiene a 4 millones de sus ciudadanos bajo una relación política en la que pueden ir a la guerra, pero no votar por el Comandante en Jefe –es decir, por el Presidente-, ni tener una representación con voz y voto en el Congreso.

“Doscientos treinta y tres años después de la Declaración de Independencia y 220 después de la ratificación de la Constitución, nuestra Nación sigue condonando un arreglo de gobierno sobre cuatro millones de sus ciudadanos que es aberrantemente contrario a los principios consagrados en esa Declaración”, dijo Fortuño.

“Los Estados Unidos no pueden permanecen y actuar como la inspiración y ejemplo de democracia alrededor del mundo mientras mantiene a 4 millones de sus ciudadanos sin franquicia electoral y privados de representación en el Congreso de su nación”, dijo Romero Barceló. Preguntó cómo era posible que los Estados Unidos gasten billones de dólares “para llevar la democracia a Irak, donde no es apreciado y la mayoría probablemente no está segura ni siquiera de si quiere eso, mientras le niega el derecho al voto y el derecho a representación a 4 millones de sus ciudadanos”.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Nick Rahall, se hizo eco de esas expresiones. “Podemos debatir el status político, pero lo que no está sujeto a debate es el patriotismo del pueblo de Puerto Rico”, dijo.

El congresista republicano por Indiana Dan Burton hizo expresiones similares. “Tantos hombres y mujeres de Puerto Rico han dado sus vidas por la libertad americana, pero no tienen la oportunidad de votar por su presidente. Y aunque el Congreso aprueba leyes que gobiernan a Puerto Rico, no tienen representación con voto”, dijo. Rahall, Burton y el congresista por La Florida Alan Grayson apoyaron plenamente el proyecto.

Ferrer dice que el proyecto es una trampa contra el ELA

Los argumentos más fuertes contra el proyecto de Pierluisi vinieron, como era de esperarse, del PPD. Su presidente, Héctor Ferrer, dijo que como la estadidad no le puede ganar una competencia de tú a tú al ELA, el PNP se ideó un esquema para derrotarlo. Señaló que “detrás de la fachada aparentemente inocua” del proyecto de Pierluisi, “existe un esquema inusual y sin precedentes de dos rondas designado para lograr un resultado premeditado al producir una mayoría artificial a favor de la estadidad”.

Planteó que la primera consulta está hecha para que la pierda el ELA, pues a los votos a favor de esa opción se le opondrían los de los estadistas e independentistas. Sostuvo que si el plebiscito del 1993 hubiese sido bajo ese esquema, el ELA hubiese sido derrotado, aunque obtuvo la mayoría de los votos.

También denunció que en la segunda consulta no figura el ELA y en su lugar colocan la asociación soberana con los Estados Unidos, a pesar de que ningún partido político apoya esa opción.

“Es una vergüenza que pidan la estadidad quitándose su franquicia electoral a la mayoría que cree en el Estado Libre Asociado”, sentenció. “Es una jugarreta cruda, descarada y antidemocrática”.

Ferrer dijo que Puerto Rico es una nación diferente a la de Estados Unidos. Lo mismo dijo, poco después, el senador del PPD Eduardo Bhatia. Más aún, Bhatia dijo que los congresistas de la década del 50, ante el mismo dilema de que Puerto Rico es una nación pero los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos, solucionó el asunto creando el ELA.

“Sus predecesores afrontaron y forcejearon con el mismo asunto en los 50. Y la respuesta tanto del pueblo de Puerto Rico como del Congreso no fue la estadidad. La respuesta no fue la independencia. Ellos crearon algo llamado ‘Commonwealth’ (ELA)”, indicó.

Ferrer propuso que, en lugar del proyecto de Pierluisi, el Congreso apruebe un referéndum “estadidad sí o no” y que de paso el Congreso le diga con claridad a los puertorriqueños que Hawai y Alaska necesitaron de supermayorías para que le concedieran la estadidad y que con la estadidad se pagarán contribuciones federales y se perderá la representación deportiva y cultural.

Pierluisi, al comenzar sus preguntas a Ferrer, le dijo que una parte de su ponencia le preocupaba. “Bueno, todo su proyecto me preocupa a mí”, contestó.

Pierluisi y Ferrar entraron en una discusión sobre si la plataforma que presentó el PPD para las pasadas elecciones era consistente o no con la opción de asociación soberana con los Estados Unidos.

Ferrer leyó la plataforma en inglés y español. “Ahí no dice libre asociación”, señaló. Pocas horas después, Pierluisi sentenció que Ferrer ni ningún otro líder del PPD pudo probar en la vista “en que medida la asociación soberana es inconsistente con su plataforma”. Lo mismo dijo Fortuño.

PIP propone enmiendas sustanciales

Por su parte, el presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez, propuso que se enmiende el proyecto para, número uno, que se declare la naturaleza territorial del ELA; dos, que en la primera consulta, además de preguntar a los electores si desean un cambio de status, le pregunten cuál mecanismo prefieren, si una asamblea constitucional de status o un plebiscito; y, tres, eliminar la segunda consulta.

Berríos Martínez comenzó su ponencia advirtiendo que el proyecto, tal y como está, es inaceptable y está destinado al fracaso porque el Congreso no aprobará ninguna legislación que permita la estadidad en Puerto Rico. Señaló que aunque haya pocos congresistas dispuestos a admitirlo públicamente, la aversión a la estadidad es el principal obstáculo para la aprobación del proyecto.

Señaló que las enmiendas que proponen buscar facilitar la aprobación de la aprobación del proyecto tanto en Cámara como en el Senado y, en segundo lugar, “acomodarse a las demandas razonables de los partidos y organizaciones políticas puertorriqueños, para que cualquier oposición sea claramente una excusa que no merezca ninguna consideración seria”.

Además, advirtió que si el Congreso no actúa, el PNP celebrará un plebiscito local “que seguramente estará diseñado para obtener un resultado favorable a la estadidad”. “O el Congreso aprueba, como proponemos, un mecanismo procesal racional y justo para solucionar el problema colonial de Puerto Rico, o permite que el proceso lo controlen fuerzas irracionales impulsadas por mayorías circunstanciales”, dijo.

Agregó que el problema colonial de Puerto Rico afecta las relaciones de los Estados Unidos con la América Latina. “El interés nacional de los Estados Unidos, según proclamado por el presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas de hace dos meses, reclama una nueva relación con América Latina. Para los latinoamericanos de todas la ideologías políticas, el status colonial de Puerto Rico es un símbolo de políticas anticuadas y desacreditadas.

El asunto es –y siempre ha sido- cuán lejos se extiende la frontera sur de los Estados Unidos hasta América Latina y el Caribe. Si los Estados Unidos aspira a establecer una nueva relación con América Latina, basada en respeto y cooperación, debe afrontar directamente y contribuir decisivamente a la solución del problema colonial de Puerto Rico, una nación latinoamericana”, dijo.

Puerto Ricans may get vote on statehood

Puerto Ricans may get vote on statehood

A bill introduced in Congress would order a plebiscite asking Puerto Ricans whether they want a change in their political status.

BY FRANCES ROBLES

MiamiHerald

SAN JUAN -- Puerto Rico's top political leaders are heading to Washington, D.C., Wednesday to battle over a bill that could result in the first congressionally mandated referendum on the future of the island's political status.

Proponents of statehood for Puerto Rico say a bill before the House Natural Resources Committee would, if enacted, mark the first time that islanders would get a real say in their future. But opponents argue that the Puerto Rico Democracy Act of 2009 is stacked in favor of making the island the 51st state.

The House committee has scheduled a hearing on the bill on Wednesday.

`THIS IS HISTORIC'

''This is historic,'' said former Miami Mayor Maurice Ferre, a Puerto Rico native who was in San Juan this week promoting the bill, HR 2499. ``In the 111 years the U.S. flag has been in Puerto Rico, Congress has never asked: What is Puerto Rico's position? This bill will give me as a Puerto Rican the opportunity to offer my opinion, which has been denied to me for 74 years.''

The United States took possession of Puerto Rico after the Spanish-American War in 1898. Puerto Ricans have been U.S. citizens since 1917, but their representative in Congress does not vote, they do not cast ballots in presidential elections and they pay no federal income taxes.

Whether the island should keep its status as a commonwealth or become a state is a hotly contested issue here that creates a bitterly divided electorate.

Puerto Rico's congressional representative, Resident Commissioner Pedro Pierluisi, proposed the legislation. It would order a two-tiered, nonbinding plebiscite that would first ask Puerto Ricans whether they would like to change their political status.

If the majority says yes, then a second plebiscite would be held offering three options: independence, independence with a special association with the United States or statehood.

Pierluisi believes that a congressionally ordered referendum would have more weight than past plebiscites and would force Washington's hand to take action on Puerto Rico.

''There's no doubt that Puerto Rico's status has vestiges of colonialism, which has enormous deficits for democracy,'' Pierluisi said. ``This bill is very important, because it would have moral, political and international weight. You cannot consult the people and not act on it.''

FORCES UNITED

But critics say the referendum is unfair, because the first question unites two key forces: those who want statehood and advocates for independence.

In the past, such plebiscites have offered a single question offering the three choices. Statehood and commonwealth generally come in at a dead heat, and a tiny percentage of Puerto Ricans vote for independence.

''This is a bill that creates a runoff with the voters who come in at second and third place,'' said Puerto Rico's House Minority Speaker Héctor Ferrer, a member of the Popular Democratic Party, which advocates an enhanced commonwealth.

``This is like a boxing match. If we do not win Wednesday's round [before the House committee], we are still going to win the fight.''

OPPOSITION

Ferrer and Puerto Rico Senate Minority Speaker José Luis Dalmau are among those who will speak Wednesday against the bill, arguing it does not represent a consensus of Puerto Rican voters.

''This would be another useless exercise,'' Dalmau said.

Both Puerto Rico's governor, Luis Fortuño, and Pierluisi are members of the New Progressive Party, which argues that Puerto Rico is a colony that deserves to become a full member of the union.

Now that their party enjoys control of the legislature, the governor's office and the resident commissioner's office, they believe the time has never been better to push for statehood for Puerto Rico.

Ferre points out that adding millions more voters could affect the 2012 presidential elections. There are 300,000 Puerto Ricans registered to vote in Florida -- although only those born in Puerto Rico would be allowed to cast ballots in the referendum.

''Congress has the obligation to ask Puerto Rico to declare its will,'' Ferre said. ``For the first time, I see light at the end of the tunnel.''

Pierluisi defiende proyecto de status

Pierluisi defiende proyecto de status

Por (AP)

SAN JUAN - El futuro político de Puerto Rico debe estar en manos exclusivamente de los puertorriqueños que, con su voto directo, determinen qué fórmula de status prefieren.

Guiado por esa premisa, el comisionado residente Pedro Pierluisi defendió el miércoles el proyecto de status que presentó en el Congreso, medida que ha recibido el rechazo de grupos políticos opositores por no ser producto del consenso.

“La virtud de este proyecto es que propone un proceso ordenado de plebiscitos basado en opciones de status legalmente válidas, pero deja en manos del pueblo de Puerto Rico cuál de esas opciones prefiere”, expresó Pierluisi durante la vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal en la que se discutió la pieza.

Pierluisi insistió en que el mecanismo idóneo para dilucidar el futuro político de la Isla es el plebiscito y no la Asamblea Constitucional, como proponen los líderes de los partidos Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño.

“La realidad es que las opciones viables de status disponibles para Puerto Rico están más que claras. Los puertorriqueños no necesitan elegir delegados para que les propongan las opciones de status. Lo que nuestro pueblo necesita es la oportunidad para poder expresarse directamente a través del voto”, reiteró el Comisionado Residente, del anexionista Partido Nuevo Progresista.

El proyecto denominado “Democracia para Puerto Rico” establece que los puertorriqueños deberán contestar si quieren mantener la presente condición política de status o si quieren una relación diferente con Estados Unidos.

De preferir la actual, se autorizaría al gobierno puertorriqueño a celebrar una consulta similar cada ocho años, pero si resulta favorecido un cambio en la relación política, más adelante, se votaría en un segundo plebiscito para escoger entre tres opciones: estadidad, independencia o asociación soberana.

Durante su participación en la vista, Pierluisi, además, rechazó los señalamientos de algunos líderes populares de que su proyecto fue diseñado para favorecer al sector estadista pues en la primera consulta crearía una mayoría artificial en contra del actual Estado Libre Asociado.

“La intención de este proyecto de ley es proveer un proceso de autodeterminación justo, neutral y democrático para Puerto Rico sin tratar de influenciar el resultado del proceso”, sostuvo.

Pierluisi, no obstante, se expresó dispuesto a considerar cualquier enmienda que redunde “en un proceso de autodeterminación más justo”.

Pero su aparente apertura estuvo acompañada por una advertencia: “No permitiré que la intransigencia nos prive de lograr acuerdos para el beneficio de nuestro pueblo. Exhorto a los opositores de este proyecto a comprometerse con este esfuerzo. En nuestro sistema democrático las elecciones tienen consecuencias”.

Evolución del derecho ciudadano al voto: Progreso inconcluso

Evolución del derecho ciudadano al voto: Progreso inconcluso

Por Dr. Pedro Rosselló Catedrático

La ciudadanía americana y el derecho al voto: estos conceptos nos parecen estar inextricablemente entrelazados; un conjunto, como del pájaro las dos alas. Igualmente indiscutible es la idea de que el derecho al voto –la concesión democrática– debe extenderse a todos los ciudadanos adultos, sin importar raza, religión, género o lugar de residencia.

De hecho, estos principios de la vida americana, aparentemente sólidos, se han ido grabando gradualmente en nuestra cultura política y sistema de gobierno. Estos dos principios no formaban parte del paradigma predominante de las 13 colonias británicas rebeldes de América del Norte, como tampoco formaban parte del paradigma predominante de la nación soberana que se proclamó en la Declaración de la Independencia de 1776.

El concepto del derecho al voto – o el sufragio– ha ido evolucionando y extendiéndose progresivamente a lo largo de la historia americana. Algunos ven este proceso como una concesión paulatina de un privilegio a un por ciento cada vez mayor de la población. Otros argumentan que el derecho al voto es indispensablemente fundamental en cualquier democracia; que es un derecho humano político universal y que, por lo tanto, la historia de EE.UU. simplemente ha ido reconociendo progresivamente este derecho natural.

Durante la época prerevolucionaria, en lo que es hoy Estados Unidos de América, los británicos presidían sobre un sistema que circunscribía severamente el derecho al voto en las colonias. El sufragio se limitaba a los varones blancos protestantes terratenientes – y aún este grupo selecto carecía de representación en la legislatura del Reino Unido. Este embrión fue el que gestó para convertirse finalmente en el diverso y vibrante cuerpo político americano de hoy. Muchos factores alimentaron este proceso de crecimiento: la propia independencia, por ejemplo, como también alteraciones en los patrones demográficos y de inmigración, que en sí fueron consecuencia de, y contribuyeron a, el cambio socioeconómico. Poco a poco, el sufragio fue expandiéndose.

Al principio, los individuos que se definían como “el pueblo que consiente a ser gobernado” no llegaba a constituir un por ciento amplio y representativo de toda la población adulta. A medida que los nuevos estados aprobaban sus leyes electorales, el sufragio terminaba en manos de un 50 % a un 80% de los varones blancos adultos del país, lo que se traducía a un 10% ó 16% de la población total. Además, cabe señalar que sólo el 6% de toda la población participó en la elección de George Washington como primer presidente de Estados Unidos.

De esta forma, miles y miles de ciudadanos se quedaron sin derecho al voto durante los primeros años de la República. Entre los marginados estaban las mujeres, los afroamericanos, los hombres blancos que no tenían título de propiedad; personas menores de los 21 años (la mayoría de edad en Massachusetts era a los 24), y los no protestantes. En otras palabras, aún el estereotípico blanco, anglosajón, protestante (“WASP”, por sus siglas en el argot americano) no podía votar.

No fue hasta el 1860 que se logró el sufragio universal para todos los varones blancos del país. Cinco años más tarde, al adoptarse la 13ra. Enmienda a la Constitución de EE.UU., los negros obtuvieron el derecho legal a votar. En 1868, la ratificación de la 14ta. Enmienda estableció un derecho uniforme a la ciudadanía y al trato igual bajo la ley para “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos”. Y, en cuanto al derecho al voto en sí, en 1870 la 15ta. Enmienda declaró inequívocamente que: “El derecho al voto para los ciudadanos de los Estados Unidos no se negará ni se limitará por Estados Unidos ni por ningún estado por razón de raza, color o condición previa de servitud.”

Así, la Constitución expandió dramáticamente el tamaño del electorado y capacitó a miles de afroamericanos a los que antes se les había negado el sufragio, aunque bien se sabe que, durante el período de la postreconstrucción luego de la Guerra Civil, en el Sur se aplicaban tácticas que eficazmente paralizaron el voto negro por casi un siglo. De forma similar, las mujeres tuvieron que luchar por varias décadas antes de lograr su derecho al voto.

Finalmente, el 26 de agosto de 1920, el movimiento del sufragio femenino fue recompensado al ratificarse la 19na. Enmienda: “El derecho al voto de los ciudadanos de los Estados Unidos no se negará ni se limitará por Estados Unidos o por ningún Estado por razón de sexo”. Luego de 75 años de arduo e implacable esfuerzo, las mujeres, que representaban la mitad del electorado potencial (es decir, legítimo), se integraron instantáneamente al campo político.

Esta marcha implacable hacia una igualdad cívica define la misión y promesa de nuestra república: la de perseguir en todo momento “el formar una unión más perfecta”. Por eso, los americanos de hoy tienden a creer que disfrutan de la más exaltada manifestación de la democracia – un modelo para los menos afortunados en otras partes. Muchos piensan que la extensión gradual del derecho al voto a casi todos los ciudadanos ha cumplido cabalmente con el componente electoral de la misión que tenían los Padres Fundadores.

Pero la realidad es otra. Todavía faltan piezas de ese rompecabezas. De una parte, aún persiste la negación de facto al derecho al voto (teóricamente ilegal, sin embargo muy real) de ciudadanos ostensiblemente capacitados. Esto salió a relucir de manera muy novel luego de las elecciones del 2000. De otra parte, también persiste la negación (aún más desconocida) de jure al derecho al voto – es decir, una negación al voto completamente legal- a ciudadanos americanos que residen en los territorios de los EE.UU.

Esta denegación del derecho fundamental al voto, aunque parezca incompatible con los principios democráticos que definen nuestra nación, sigue siendo práctica común. Pero al igual que otras injusticias sufragistas que se enconaron interminablemente en la agenda nacional antes de ser superadas, ésta también espera su resolución.

Esta es una de varias columnas adaptadas en serie del contenido del libro “El asunto inconcluso de la democracia americana” (2009). El autor es profesor universitario.

Financial crisis: Gov't regulation creating crony capitalism

EN MIS ASUNTOS INTERNOS, MANDO YO

EN MIS ASUNTOS INTERNOS, MANDO YO

POR OTTO POLAND

EN LA ONU, SE REUNIERON UN GRUPO DE NACIONES, PARA DEBATIR EL CURSO

POLITICO DE PUERTO RICO. Y POR ENDE SU SITUACION SOCIAL, ECONOMICA.

PERO QUIENES DEBATIERON? DOMINICA, NICARAGUA, ECUADOR, Y OTROS MAS,

VEAMOS ESTAS NACIONES EN SU POSICION POLITICA, SOCIAL, ECONOMICA.

PUERTO RICO TIENE UN SISTEMA PROBADO DE DEMOCRACIA.

LO TIENEN TODOS LOS INTEGRANTES DE ESA COMISION?

SOCIALMENTE, ESTAN TODOS LOS HABITANTES DE ESAS NACIONES IGUALES, COMO

NOSOTROS EN PUERTO RICO?

ECONOMICAMENTE, ESTAN COMO LOS HABITANTES DE PR?

CONTESTE USTED.

NO PERMITA QUE OTROS DICTEN COMO MANEJAR TU ISLA.

Y PREGUNTA FINAL. ESTABAN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS ELEGIDOS POR EL

PUEBLO DE PUERTO RICO, ALLI?.

Proyecto para Rescatar la Patria

Proyecto para Rescatar la Patria

por José C. Barbosa Muñiz

Introducción: El vocabulario antiestadista ha logrado capturar los medios de comunicación en todas sus modalidades desde la prensa a la “internet”, los estadistas ¨light¨, en el salón de clases desde la escuela elemental hasta la universidad, lo que ha entregado la Patria en manos de nuestros opositores: independentistas, antiamericanos, socio-comunistoides, populares desde muñozistas a seguidores del corrupto Acevedo Vilá, y sobretodo a los que posan de intelectuales boricuas ocupando los espacios sufragados por el gobierno federal. Nosotros, los estadistas verdaderos, tenemos y podemos rescatar la Patria de esas manos antiestadistas.

¿Cómo hacerlo?

1. Dando a conocer las vidas de puertorriqueños leales tanto a su Ciudadanía

como a Puerto Rico demostrado por sus actos patrióticos.

Ejemplo El Dr. Rafael Longo, Neurocirujano Pediátrico

2. Usar la retórica de nuestros opositores para derrotar a nuestros opositores.

El Dr. Rafael Longo es un boricua de pura sepa, es un puertorriqueño ejemplar, como tu boricua, ha dedicado su vida a la salud de nuestro pueblo.

3. Honrar a quien honor merece siempre que sea leal a su Ciudadanía

Americana.

4. Infiltrar activamente las organizaciones cívicas que hemos dejado a los opositores por vagancia o indiferencia. (Club de Leones, Rotarios, Masones,Colegios de Médicos, Abogados, Ingenieros, Arquitectos, Contables, etc.

5. Multiplicando las organizaciones estadistas de tal suerte que cada estadista leal pertenezca a tantos grupos como pueda y en cada uno ocupe una posición reconocible desde presidente hasta vocal.

6. Identificando en cada pueblo a los estadistas de verdad y escribir de ellos en reseñas de sus vidas para publicación. Estas reseñas se le pueden vender o regalar a los amigos que ellos tengan, lo que sirve de reclutamiento indirecto de cara a la marcha.

7. Hacerle coro a los grupos idóneos que promueven la estadidad. (Recordemos que ya NO hay ningún partido que promueva específicamente la estadidad.). Asistir a las actividades de otros grupos estadistas sin necesidad de unirse a ellos de tal suerte que cuando haya una demostración estadista se celebre en mayoría y armonía entre los participantes.

8. Apreciar el Poder de la confraternización entre ciudadanos americanos leales y auténticos.

9. Planificar reuniones con líderes de otros grupos estadistas para solicitar su cooperación en este esfuerzo de Rescatar la Patria.

10. Organizar un Banco de Talento Estadista para llevar a cabo homenajes a nuestros correligionarios.

Senado aprueba nombre de Rosselló para Convenciones

Senado aprueba nombre de Rosselló para Convenciones

Por AP

SAN JUAN - Tras un extenso debate, el Senado aprobó el jueves la medida que designaría con el nombre del ex gobernador Pedro Rosselló el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

La aprobación de la pieza fue seguida por un fuerte aplauso de un grupo de seguidores del ex mandatario que llegó hasta el hemiciclo senatorial para presenciar el debate legislativo.

La medida fue ratificada justo cuando el portavoz alterno de la minoría popular, Eduardo Bhatia, solicitaba que se le concediera a la delegación un nuevo turno para expresarse sobre el proyecto.

Durante su turno de debate, los miembros de la minoría popular centraron sus críticas hacia la pieza en que ese tipo de reconocimiento no debe hacerse en vida, ni a personas que puedan polarizar y generar controversia, como Rosselló.

“Yo no digo que no se reconozca la obra de personas ilustres en Puerto Rico, lo que digo es que hacerlo en este momento va a crear un gran debate político, va a crear una división en el país en lo que es un Centro de Convenciones, que se supone una al país”, manifestó Bhatia durante su alocución.

Mientras, Rivera Schatz, autor de la medida, destacó las obras que se desarrollaron bajo las dos administraciones de Rosselló.

“Cuando se trata de cumplirle al pueblo de hacerle justicia al país, todos -los que quieren y los que no quieren a Pedro- tienen que reconocer que ha sido el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico”, afirmó el Presidente del Senado.

De paso, Rivera Schatz envió un mensaje al gobernador Luis Fortuño, quien ha mostrado reservas con la iniciativa porque entiende que en estos momentos el reconocimiento a su otrora rival político no debe ser una prioridad para el gobierno.

“Que decida a conciencia y a corazón si Pedro Rosselló no merece esta distinción luego de un legado tan grande como el que hizo para el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el líder senatorial.

En dos semanas la primera audiencia de status

En dos semanas la primera audiencia de status

Comité de Recursos Naturales convoca primera sesión para el 24 de junio

Por Jose A. Delgado/ El nuevo dia

WASHINGTON - El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal convocó hoy para el 24 de junio la primera audiencia en torno al proyecto 2499 que impulsa un proceso de dos consultas en torno al futuro político de Puerto Rico.

Nick Rahall, presidente del Comité, anunció la convocatoria a la audiencia, en la que se espera declaren, principalmente, líderes políticos de Puerto Rico.

Rahall informó de que en la sesión se examinará el proyecto 2499 presentado por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

El martes, Rahall había circulado – junto al pasado presidente de la comisión, el republicano Don Young-, una carta en la que solicitó respaldo para el proyecto 2499.

“Pensamos que el proyecto 2499 representa un paso simple y justo hacia la resolución de este asunto que se ha discutido por tanto tiempo”, indicaron Rahall, demócrata, y Young, republicano, ambos cercanos a líderes estadistas.

La inclusión de Young en la carta, sin embargo, resaltó la decisión del portavoz de la minoría republicana en esa comisión, Doc Hastings, de abstenerse – hasta el momento-, de endosar la legislación, presentada el pasado día 19 por Pierluisi.

El proyecto de ley 2499, que promueve que Puerto Rico se exprese a favor de terminar con el actual status comúnmente descrito como Estado Libre Asociado, tenía hasta ayer 124 coauspiciadores.

DEMOCRACIA Y LIBERTAD

DEMOCRACIA Y LIBERTAD

Por:Ismael Castro Negrón

Para Perspectiva Estadista

Regimenes Comunistas, Socialistas y Nacionalsocialistas, reclaman que se les llame Democracia popular. Ambos son perversiones de las ideas y están en contraposición dialéctica con la democracia. En lo práctico, es una degeneración del concepto y error muy grave sobre lo esencial y el sentido, de lo que presupone es una democracia. Se piensa además, que no debe existir autoridad y se debería descartar u oponerse a esa expresión por ser en si misma innecesaria y representar un orden que no debe existir.

Es errónea esa expresión y actitud que no garantiza convivencia y es anti-democrática. Es un contrasentido al razonamiento, pues intenta poner en duda las bondades de una relación humana basada en la cooperación de quienes la sostienen .Ese argumento solo es producto directo del anarquismo y no de un orden civilizado.

Lo que si es correcto en el ejercicio con fundamento y en nuestra Democracia, se solidifica es su constitución. Fue y es diseñada para no ser totalitaria. Ese constitucionalismo occidental, es lo que el pueblo establece y acoge y es dinámica formalista y legítima reclamación, sobre todo reconocida y validada por el pueblo.

Más la masa del pueblo esta expuesta a ser utilizada por la imposición de elementos elitistas que deforman el discurso manipulándole y a su vez inflaman descontento a conveniencia u agendas distintas al beneficio general. Existe también la corrupción en cualquier pueblo y bajo cualquier modelo político. Es asunto expresado por los Nazis y fue disfrazado como “educación a la comunidad.”

La realidad es que cualquier estado bajo esa definición por el mero uso y apariencia de estructura no la hace legítima. Se intenta justificar e incluso logran con su dominio del gobierno implicar que el pueblo, se educo y termino por aceptar por ejemplo un régimen despótico como el Cubano y el de la actual Venezuela. Nada más lejos de la Verdad para quien vive y se le garantizan todo el derecho constitucional incluido su vida.

Más la realidad no cambia los hechos. Si así fuera, ­para que prevalezca, el poder del régimen, busca que los llamados educado piensen que la masa no lo es. De echo la educación formal no sustituye concepto y mucho menos la filosofía y profundidad de los conceptos y principios que son productos de la realidades del hombre, cuando lucha por ser verdaderamente libre.

Confusión hay y puede existir, entre algunos incluso Partidarios de Partido Nuevo Progresista, quizás por no profundizar en lo que poseen. La justificación de gobernar organizar y establecer un orden, caminan juntos no por separado. Sin libertad, respeto a Ley y orden no se puede marcar un territorio como democrático. Se reduce una Democracia si no se practica el derecho civil y el derecho humano, más allá de la apariencia. El mero nombre o término no establece la pertenencia y la particularidad de lo que presupone esa libertad si no prevalece principio, práctico y probado.

El centralismo es talón de Aquiles de la elite, necia al imponer y distar por decretos sin un verdadero proceso de sufragio universal sus directrices. Nuestro orden constitucional impide la aglomeración o concentración de poder. Convierte el poder en real respeto de la mayoría sobre todo por la Vida. El verdadero instrumento es el mismo hombre y su individual reconocimiento de su vida y hacienda, incluido el reconoce y respeta el desarrollo de la libre empresa.

De todas formas cuenta con el federalismo que da como practica la administración local y de las instituciones y lucha contra los monopolios voraces, separación de Iglesia y estado y las ambiciones constantes de esas elites de poder voraz .

El resultado de esta perspectiva política y social reglamenta la acumulación de poder y la ubica con respeto la libertad individual en garantía directa en la comunidad o un estado. Donde el único centralismo sensato es garantizar libertades al pueblo. La voluntad de mayoría encamina a su gente al respeto a la Ley al orden, pero sin que para esto se utilice como excusa el poder y de la fuerza, que se establecen, dentro o fura u través del estado. Cualquier circunstancia contraria seria una de absoluto desconocimiento sin procesos y sin garantías.

La simple comparación y definición entre sistemas, establece los elementos e ingrediente medulares significativos al compararlos. Las instancias que se manifiestan en los sistemas políticos demuestran la superioridad y ventaja del mundo libre y su libertad. Prevaleciendo sobre poderes monárquicos o sobre un orden aristocrático y es ese el mejor activo de garantía individual. Cuando se determina fundaméntala y mantenerla y se aplican sus normas y principios, esa democracia se convierte en un pragmático concepto.

Resulta exitoso y solidifica diversos órdenes de características políticas distintas. Proporciona el modelo para enmarcar realidades objetivas. No es solo la letra o el término democracia y nación, lo establecido patentizado y lo que conocemos como nuestro sistema de vida. Es esencial al concepto y lo

Que nos soluciona nuestro desarrollo de pueblo. Son incluso los pesos y contrapesos que se incorporaron en nuestra Constitución de los Estados Unidos, lo que como nación constituye un cambio filosófico y de orden único en todos los tiempos y principios con grandes cambios que logra que las cosas sucedan.

Comparaciones de estilo y contenido nos demuestra que el Autoritarismos y Totalitarismo previos a la revolución Americana de l787, fueron desplazados por el proceso de descartar viejos moldes Europeos abusos, canalladas históricas y crearon los modelos transformadores que enfrenta las ansia incontrolada de la justicia y la libertad ante el inconformismo continuo y decadente. Esta es la nación que desde ese momento es líder y asume el nuevo patrón que enfrenta los cambios de ese nuevo estilo y orden propio con las consecuencias que eso presupone al sostenerle.

Ese balance de hecho y de tradición de tres niveles de poder, protector real y existente, porque es diseñado y comienza por establecer y restringir de propio, al gobernante electo. Le impones límites en el uso del poder otorgado, como representante y empleado del pueblo. Gobernar y dirigir y representar solo quiere decir que son igual a cualquier ciudadano, con la encomienda de velar por los intereses del pueblo. Ya que nadie esta por encima de la Ley.

Limita, incluso y delimita el poder partidista, le prohíbe, reglamenta y les advierte su frontera natural y les regula la ambición desmedida. Sobre todo regula su responsabilidad parar evitar sin tiranía y sin excesos su función. De ocurrir una practica anómala, el proceso aplica, porque existe niveles de dirección y revisión, claros y bien definidos.

Eso garantiza incluso nuestro entono social político y económico. Muchos critican la Nación muy pocos se educan en mantener y en dar el ejemplo de lo que presupone derechos y responsabilidades. Como vamos a validar el que otros no lo tengan y nosotros si. La democracia es pues universal y para todo hombre libre.

La soberanía del estado

La soberanía del estado

Por Ricardo Rosselló, PhD

El discurso sobre la soberanía ha resurgido recientemente en el ámbito político de la Isla. Pero como siempre, la discusión tiende a tomar el giro que históricamente se le ha dado al término aquí en Puerto Rico – que la soberanía sólo aplica a un cuerpo político independiente y, por ende, para que Puerto Rico sea un ente soberano, tiene obligatoriamente que renunciar a su relación con los Estados Unidos.

Si bien es cierto que la soberanía aplica a entes independientes, igualmente cierto es el hecho de que los estados de la Unión Americana son ampliamente soberanos. Según el diccionario de la Real Academia, “soberanía” se define como la “autoridad suprema del poder público” y como “la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos.”

Asimismo, en su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), relativo a la soberanía de los pueblos, la ONU establece que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.” (Parte 1, Artículo 1.1)

El concepto moderno de que la soberanía ‘reside en el pueblo’ nace de la filosofía de Jean Jacques Rousseau y su Contrato Social, luego de la Revolución Francesa, cuando cambió por siempre la apreciación de que el Rey era el único soberano. Desde entonces, la soberanía se ha definido conforme a la organización política de los pueblos, y su significado ha ido fluctuando conforme a la estructuración de estas organizaciones políticas. La idea de la soberanía también incluye, tanto la libre determinación en cuanto a asuntos externos o internacionales, como la autodeterminación en los asuntos internos o domésticos.

A principios del Siglo XX, Gran Bretaña, siendo potencia mundial, era tan soberana como el Imperio Chino, que era un poder cuasi-estatal. Igualmente soberano era Irak, que fue un estado creado luego de la Primera Guerra Mundial por mandato de Inglaterra. Existían también otros entes políticos, como las colonias africanas, las Filipinas y otras colonias en Asia y las Américas que, a pesar de estar organizados como pueblos, no se calificaban como totalmente ‘soberanos’.

A partir del 1945, luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, la definición de soberanía se hace más precisa y toma un significado más legal, aludiendo al precepto de que todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación. De ahí el movimiento global hacia la descolonización de los pueblos.

También de ahí se desarrolla la afirmación de parte de todos los foros internacionales, incluyendo la ONU y la Organización de los Estados Americanos, de que un pueblo se considera estar disfrutando plenamente de sus derechos soberanos sólo cuando está organizado de tres - y únicamente tres - maneras: como ente independiente; como estado federado integrado completamente a una metrópolis mayor; o como jurisdicción independiente que acuerda con otra jurisdicción independiente entrar en un pacto mutuo de sociedad común y libre asociación.
Estas definiciones son tan claras y precisas, como sencillas, y aplican a todos los pueblos por igual. Hoy por hoy, sin embargo, existe sólo un puñado de jurisdicciones en el mundo entero que no cumplen con ninguna de estas tres definiciones y, por lo tanto, no están ‘disfrutando plenamente de sus derechos soberanos’.

Entre esas pocas jurisdicciones no soberanas, se encuentra el mal llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y enfatizo ‘mal llamado’ porque en realidad no somos estado, ni somos libres, como tampoco estamos asociados, porque la realidad del caso es que estamos subordinados a los poderes plenos del Congreso.

Somos la colonia más antigua del mundo, y esta aberrante condición colonial ha limitado adversamente la capacidad de Puerto Rico de progresar económica y socialmente. Ha sido el ELA lo que nos ha mantenido - y sigue manteniéndonos - bajo esa condición colonial por no cumplir con ninguno de los requisitos establecidos internacionalmente para definir a los pueblos soberanos. Por lo tanto, nunca podríamos lograr ser “soberanos” bajo ninguna estructuración del ELA, pues la propia composición del ELA contradice la definición de soberanía.

De nuevo, sólo podemos ser plenamente soberanos bajo la independencia porque el único órgano constitucional representativo que existiría bajo ese escenario sería el que se establezca aquí por los nuevos ciudadanos puertorriqueños políticamente independientes. También podemos ser totalmente soberanos bajo la estadidad, porque en ella, como ciudadanos americanos que queremos seguir siendo, sí tendríamos el poder de votar por el Presidente, el Vicepresidente y todos los representantes en la Cámara y Senado federales que estarían legislando y tomando decisiones a favor de nosotros, sus constituyentes, los ciudadanos americanos de la Isla.

De hecho, siendo estado, tendríamos tantos o más representantes en la Capital Federal que la mayoría de los estados actuales. De otra parte, bajo la libre asociación, la soberanía sería compartida entre dos jurisdicciones ya independientes, que participarían en igualdad de términos y bajo consentimiento mutuo, pues cada cuál tendría la plena potestad en ley de llegar a tales acuerdos y de subsiguientemente modificarla.

Si queremos resolver el asunto del status político de la Isla de una vez y por todas, y queremos ser realmente un pueblo soberano, podemos tomar la ruta de la anexión plena y total como estado federado que tomó el Reino de Hawai; podemos seguir el ejemplo de las Filipinas y hacernos totalmente independientes; o podemos, luego de hacernos independientes, entrar en un pacto de libre asociación con Estados Unidos, España, México, Cuba, o el país que queramos.

Pero por definición, obligatoriamente el ELA tiene que dejar de existir, porque el ELA limita nuestra participación internacional, y a la misma vez, nos prohíbe participar en los más altos niveles de nuestra democracia actual, pues no permite el voto presidencial, como tampoco avala una representación plena en el Congreso que crea las leyes que nos rigen.

Por lo tanto, el tratar de ponerle el apodo de “soberano” al ELA es querer engañar al Pueblo con falsas ilusiones. Por su propia esencial colonial, el ELA no es, ni nunca podrá ser “soberano”. La única realidad del ELA colonial es que simplemente ya no aguanta un parcho más, ni otra definición tergiversada más, ni más ninguna otra maraña para tratar de disfrazarlo.

Si vamos a tomar una decisión de envergadura que lleve a Puerto Rico por un camino certero hacia un futuro de progreso político, económico y social, apoyemos entonces con firmeza aquellas alternativas reales que nos permitan quitarnos de encima el yugo colonial que llevamos cargando por medio mileno. Vamos a tomar un rumbo netamente descolonizador que establezca una soberanía real, bien sea bajo la independencia o la estadidad; tomemos un rumbo que nos permita crear un Puerto Rico nuevo, no colonial, donde podamos gozar de todos nuestros derechos ciudadanos a plenitud, conforme lo dictan las constituciones que nos rigen, las leyes internacionales, y según se desprende de la propia esencia de la democracia.

Está en nuestras manos decidir si finalmente, después de cinco siglos de descrédito, vamos o no a ponerle fin a la colonia. Está en nuestras manos decidir si logramos nuestra soberanía bajo la independencia, o nos hacemos un estado federado, netamente soberano.

Confía que habrá vistas de status

Pierluisi insiste que el Congreso llevará su proyecto a votación

El Comisionado Residente dijo que el plan preliminar es que el Comité de Recursos Naturales celebre una vista pública este mes o el próximo para escuchar al liderato político puertorriqueño y antes de que finalice el mes de julio llevarlo a votación en el comité.

por José A. Delgado /El nuevo dia

WASHINGTON – Pese a las dudas que su legislación sobre el status político de Puerto Rico ha levantado, Pedro Pierluisi da por segura la celebración en las próximas semanas de audiencias públicas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal en torno a esa medida.

Pierluisi, comisionado residente en Washington, indicó que el plan preliminar es que su legislación sea considerada inicialmente -quizá este mismo mes o el próximo-, en una vista pública en la que el Comité se centrará en escuchar al liderato político de Puerto Rico.

A su juicio, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Nick Rahall, convocará inmediatamente después -antes de que termine el mes de julio-, a una sesión de votación.

“Ahí, en la sesión de votación, debería darse el proceso de enmiendas al proyecto”, dijo Pierluisi, aunque advirtió que los partidos de oposición en Puerto Rico, a pesar de criticar duramente su proyecto 2499 -que hasta ayer tenía 113 coauspiciadores-, no le han sometido ni han propuesto públicamente ninguna posible enmienda.

Sólo el PIP ha respondido

Pierluisi, elegido por el Partido Nuevo Progresista (PNP), le envió a los funcionarios electos de la Isla y a los líderes de la oposición cartas en la que les advierte que está dispuesto a considerar enmiendas “razonables”.

Hasta el momento, sólo el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) le ha respondido su interés de por lo menos dialogar. “En el caso del PPD reconozco que tienen unas diferencias internas que quizá dificulta que me hayan hecho una propuesta”, sostuvo.

Para Pierluisi, su legislación le ha abierto la puerta a todas las alternativas reales que tiene Puerto Rico de cara a su futuro político: mantener el actual status, la estadidad, una asociación soberana y la independencia. Tal y como ha sido redactada la legislación, en una posible primera consulta los electores tendrían la opción de votar a favor de continuar el actual status o reclamar una nueva relación con Estados Unidos.

En la segunda consulta, se presentarían como alternativas la estadidad, la asociación soberana y la independencia. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá ha indicado que el proyecto de Pierluisi excluye a los populares, pues no quieren mantener el actual status ni coinciden con la asociación soberana que describe la medida.

Y la presidenta de la Cámara baja federal, Nancy Pelosi, ha advertido que cualquier legislación debe tener el consenso “de todas las partes involucradas” en el debate sobre el futuro político de la Isla.

Aceptaría enmiendas

“Si alguien entiende que se me quedó alguna alternativa que me la propongan. Estoy dispuesto a considerar cualquier enmienda que me parezca razonable, que no sea un torpedo”, sostuvo Pierluisi.

El comisionado Pierluisi considera que sería “altamente irregular” que un proyecto como el suyo, con el apoyo que tiene, no sea llevado a votación en el pleno de la Cámara baja si es aprobado este mismo verano en el Comité de Recursos Naturales.

No obstante, la legislación 900 del congresista demócrata José Serrano y el entonces comisionado Luis Fortuño nunca avanzó al pleno de la Cámara baja federal, a pesar de que llegó a tener 130 coauspiciadores.

“Todo en la vida es posible. Pero, hay una gran probabilidad de que esta medida va a llegar al hemiciclo de la Cámara”, sostuvo Pierluisi.

Newt Rips Gore's 'Facts' To Pieces

Fortuño reta Al PPD

Fortuño reta Al PPD

Por Mario Santana Ortiz

EL VOCERO

El gobernador Luis Fortuño emplazó ayer al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) a que “le hable claro al pueblo” y diga si defiende o rechaza la definición de desarrollo autonómico del Estado Libre Asociado que presentaron en las elecciones pasadas.

Fortuño señaló que ha sido el proyecto de status presentado hace pocas semanas por el comisionado residente Pedro Pierluisi el que ha comenzado a generar la polémica entre los sectores soberanista y no soberanista del PPD. De paso, recordó que la definición de asociación soberana con los Estados Unidos del proyecto fue sacada “palabra por palabra” de la plataforma de gobierno que presentó el PPD para las pasadas elecciones. Recordó, asimismo, que los candidatos a puestos electores de ese partido juraron fidelidad a esa plataforma.

“Yo no quiero meterme mucho en esa controversia para ser bien franco, pero tengo que decir que la razón por la cual comienza esta controversia es el proyecto de status que radica el comisionado residente Pedro Pierluisi en el Congreso de los Estados Unidos. La definición que está incluida ahí de libre asociación es lo que comienza toda esta discusión.

El problema que tienen es que la definición es sacada palabra por palabra de la plataforma que presentó el Partido Popular Democrático en noviembre pasado.

No solamente que es parte de su plataforma, sino que cada candidato o candidata, todos los legisladores, todos los alcaldes del Partido Popular que fueron electos, firmaron un documento juramentado que está en la Comisión Estatal de Elecciones (en el) que se comprometían con esa definición. Si ahora quieren echar para atrás lo que dijeron hace unos meses atrás, ya eso es asunto de ellos.

Yo lo único que voy a decir es que ya es hora que le hablen claro al pueblo y si se van a mantener con la posición que defendieron en su plataforma estas elecciones pasadas o si van a cambiar de posición nuevamente”, expresó.

El Gobernador habló del tema en respuesta a una pregunta durante una conferencia de prensa en ocasión de reconocer una importante acreditación al Instituto de Ciencias Forenses.

Sobre la marcha contra los despidos

Buena parte de las preguntas de la conferencia de prensa giraron en torno al tema de los despidos en el gobierno, los cuales apenas comenzaron el viernes con una primera ronda de más de 7,000.

Los opositores a los despidos han convocado a una marcha para este viernes, que se espera multitudinaria. La marcha comenzaría en el puente Dos Hermanos, en el Condado, y terminaría frente al Capitolio. Organizaciones sindicales, cívicas, políticas y religiosas se han unido a la convocatoria.

“Yo le quiero garantizar a todo aquel que quiera expresarse sobre este u otro tema, su derecho a la libre expresión.”, dijo sobre la marcha del viernes.

A la pregunta de si esperaba el nivel de oposición que han generado sus medidas, incluyendo las Alianzas Público Privadas, Fortuño contestó que en Cuba también se están implementando este tipo de alianzas entre el Estado y entidades privadas.

Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a reconsiderar los despidos, Fortuño reiteró sus argumentos de que la alternativa es aumentar las contribuciones sobre ingresos a las clases media y trabajadora, el Impuesto a las Ventas y el Uso (IVU) y el arbitrio a la gasolina, además de imponer un arbitrio al uso de teléfonos celulares.

Otra alternativa –alegó- es reducir a la mitad los sueldos de todos los empleados de gobierno central, pero que “eso sería un caos total”.

Además, recordó que ha aumentado las contribuciones sobre ingresos a las personas que ganan más de $100 mil al año, a las corporaciones, los bancos y las compañías de seguro, que se ha reducido su sueldo de gobernador, ha cortado en un 20% el presupuesto de La Fortaleza y en un 25% los contratos de cabilderos en Washington.

Planteó que hay propuestas del sector sindical que se incorporaron a la ley que ordena los despidos, como declarar una moratoria a los créditos contributivos.

También dijo, en respuesta a otra pregunta, que la mayoría de los economistas coinciden en que las medidas tomadas por su gobierno eran las menos drásticas y alegó que el economista que piensa lo opuesto es “uno que parece que está aspirando a una posición allá por Mayagüez”.

Aunque no dio nombre, la imputación pareció ir dirigida al doctor en economía y catedrático universitario José Alameda, quien ha sido un crítico a las políticas fiscales y económicas del gobierno.

Fortuño emplaza al PPD a hablarle claro al país

Fortuño emplaza al PPD a hablarle claro al país

Por AP

SAN JUAN- El gobernador Luis Fortuño afirmó el lunes que la definición del ELA incluida en el proyecto sobre estatus presentado por el Comisionado Pedro Pierluisi en el Congreso fue sacada “palabra por palabra” del programa del Partido Popular Democrático (PPD).

La opción soberanista del proyecto habla: “Soberanía en asociación con EEUU: Puerto Rico debe formar una asociación política entre naciones soberanas que no esté sujeta a la cláusula territorial de la Constitución de EEUU”.

La definición del ELA ha provocado una profunda división entre los populares que favorecen más poderes soberanos para Puerto Rico y los que afirman la unión permanente con la soberanía residiendo en el Congreso de Estados Unidos.

“La razón por la cual comienza esta controversia es el proyecto de estatus (de Pierluisi)... el problema que tienen es que la definición es sacada palabra por palabra de la plataforma que presentó el Partido Popular Democrático en noviembre pasado”, dijo Fortuño en conferencia de prensa.

Sin embargo, el programa de gobierno presentado por el PPD a los electores antes de las elecciones del 2008 se comprometía con convocar una Asamblea Constitucional de Status y la promoción de un Estado Libre Asociado (ELA) soberano.

“El concepto de ELA soberano busca que Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos acuerden términos específicos definiendo la relación entre ellos, con la ciudadanía americana como elemento vinculante de la asociación política”, informó entonces el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá en un mensaje donde informó sobre el tema.

El mandatario recordó que todos los candidatos electos por el PPD se comprometieron con avalar esa definición.

Fortuño exhortó a los populares a decidir “si se van a mantener con la posición que defendieron en su plataforma en noviembre pasado o si van a cambiar de opinión nuevamente”.

El presidente del PPD, Héctor Ferrer, discrepó del primer ejecutivo al señalar que esa es la interpretación que Fortuño hace del programa de gobierno de su colectividad.

“Ni Luis Fortuño, ni Pedro Pierluisi, ni Carlos Romero Barceló le dicen a los estadolibristas cómo vamos a definir el ELA (Estado Libre Asociado). El ELA lo definimos nosotros y lo que se vaya a poner en un proyecto de estatus en cuanto a la definición del ELA lo ponen los estadolibristas”, destacó Ferrer en un aparte con la prensa.

“Esa es la interpretación de él. Si él me deja definir la estadidad en su proyecto yo lo dejo definir el Estado Libre Asociado”, destacó.

El proyecto de estatus de Pierluisi ha sido blanco de críticas no sólo por parte de líderes del PPD y del Partido Independentista Puertorriqueño, sino que ha sido rechazado por los congresistas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez, Luis Gutiérrez y José Serrano, quien criticó además que el comisionado residente no haya tenido la deferencia de consultar con él la medida antes de presentarla.

Velázquez, presidente del caucus hispano del Congreso, criticó la medida porque no es un proyecto de consenso de las tres facciones políticas.

Eliminará el Fondo Electoral

“Los partidos se la van a tener que buscar legalmente”, advirtió Fortuño

El gobernador Fortuño dijo que la eliminación del Fondo Electoral es lo correcto porque “el pueblo puertorriqueño no va a seguir manteniéndolos (a los partidos)”.

Por Frances Rosario /El nuevo dia

El gobernador Luis Fortuño está decidido a acabar con el financiamiento público de los partidos políticos. ¿Su primer paso concreto? Dejó en blanco la partida presupuestaria del Fondo Electoral para el próximo año fiscal.

“Yo voy a llevar (el Fondo Electoral) a cero, empezando dentro de cuatro semanas. Así que los partidos se la van a tener que buscar legalmente. El Partido Nuevo Progresista (PNP), igual que el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), tendrán que levantar su dinero para subsistir. El pueblo puertorriqueño no va a seguir manteniéndolos”, expresó el Mandatario en una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“Eso es lo correcto en (sic) hacer en este momento de crisis porque el dinero sale del bolsillo de la gente”, agregó.

Desde la pasada campaña eleccionaria, Fortuño tenía el financiamiento público de los partidos y las campañas políticas en su mira. Y en la Legislatura ya se barajan varias medidas dirigidas a eliminar el Fondo Voluntario, un pote del que cada partido político puede recibir hasta $11 millones -de los cuales $7 millones saldrían del erario- para el financiamiento de sus campañas políticas en año electoral.

Aunque el Legislativo y el Ejecutivo buscan evitar que fondos públicos lleguen a manos de los líderes políticos, el primer paso concreto en esa dirección lo tomó Fortuño al no asignar dinero en el presupuesto del próximo año fiscal para el Fondo Electoral, que le asigna a cada partido $300,000 en año no electoral para sus gastos administrativos. En año de elecciones, esa cifra aumenta a $600,000.

A juicio del secretario del PNP, Hugo Pérez, la eliminación del Fondo Electoral es parte de las medidas que la actual administración ha tomado para atajar la crisis económica que atraviesa el Gobierno.

El también comisionado electoral del PNP indicó que, en los próximos días, la Legislatura deberá aprobar alguna enmienda a la Ley Electoral que encamine la eliminación del Fondo Electoral para que sea legal la decisión de no asignar dinero para los partidos.

Cero Fondo hasta el 2012

Esa enmienda podría ser a través de la Resolución Conjunta de la Cámara 363, una medida de administración sometida el pasado 29 de mayo que propone eliminar las asignaciones al Fondo Electoral durante los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011.

La principal preocupación de la presidenta cameral, Jenniffer González, es la posibilidad de despidos a causa del recorte. “La realidad es que no hay chavos para nada. Hay que ver cuántos despidos significa eso dentro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Hay que esperar que el presidente de la Comisión de Hacienda (Antonio Silva) dé la información, pero el proyecto del Fondo Voluntario ya está aprobado y es seguro”, manifestó González.

A pesar de que el presupuesto entra en vigor en julio, no es hasta enero del próximo año que los partidos dejarían de recibir los $300,000 anuales del Fondo Electoral. En enero pasado, el PNP y el PPD recibieron las asignaciones correspondientes al presente año calendario.

El comisionado novoprogresista aclaró que el PIP, que recientemente logró su franquicia electoral, recibirá el dinero que le corresponda por este año porque ese dinero se aprobó -como partida del presupuesto vigente- el año pasado, cuando todavía estaba inscrito. Agregó que, ya en enero, al igual que los otros partidos, no recibirá los fondos.

Ayer, ni la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que está a cargo de preparar el presupuesto, ni el Departamento de Hacienda, que distribuye el dinero a los partidos, quisieron reaccionar a la noticia por entender que le correspondía a la otra parte.

‘Rompieron con el consenso’

El presidente del PPD, Héctor Ferrer, expresó que la determinación del Ejecutivo de no asignarle dinero al Fondo Electoral da al traste con el consenso partidista que el Mandatario había prometido a la hora de enmendar la Ley Electoral.

Pero, sobre todo, destacó los “problemas constitucionales” que podría tener la determinación de quitar el Fondo. “El Fondo Electoral tiene muchos aspectos democráticos. Garantiza la administración del partido y el pago de salarios de empleados que cotizan en el plan de retiro de Puerto Rico”, dijo.

“Además, ese Fondo Electoral permite que el Gobierno, específicamente la Comisión Estatal de Elecciones, pueda fiscalizar los partidos. Si no hay Fondo Electoral, haces a los partidos privados totalmente”, precisó Ferrer.

El también portavoz de la minoría cameral indicó que ha conversado con los presidentes de Cámara y Senado, Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, para que se enmiende el presupuesto antes de que sea aprobado sin el dinero que se debe asignar a los partidos.

“El Gobernador presentó el presupuesto sin la partida del Fondo Electoral. La recomendación así estaba, así está”, precisó Ferrer.

Furiosos el PIP y PPR

Representantes del PIP y Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) se mostraron sorprendidos con la determinación del Gobierno de no asignarle dinero al Fondo Electoral y coincidieron en que la determinación se tomó para controlar la inversión privada.

“Esto resultaría en la tiranía de los que más contribuyan”, precisó el secretario general y comisionado electoral del PIP, Juan Dalmau.

Añadió que “la eliminación del mismo puede crear un régimen de mano libre, sin topes en contribuciones. Porque el Fondo Electoral es la justificación constitucional para que el estado regule las aportaciones privadas”.

Para el licenciado Hiram Meléndez, ex comisionado electoral independentista, la movida del Primer Ejecutivo va a tono con el estilo que, a su juicio, ha caracterizado a la administración de Fortuño y su Asamblea Legislativa.

“Se ha establecido una dictadura al estilo fascista donde se impone legislación importante y se ha eliminado el debate, el análisis, las vistas públicas y la discusión. Son imposiciones unilaterales”, indicó.

El presidente de PPR, Rogelio Figueroa, sostuvo que Fortuño desea eliminar los recursos disponibles para que los partidos de minoría no tengan acceso a la publicidad y el partido en control pueda mantenerse en el poder. “Lo que busca es callar otras voces, y con el poder de adjudicar las Alianzas Público Privadas a sus donantes. Esto termina de explicar la estrategia del partido de Gobierno”, puntualizó el ex candidato a la gobernación.

Las reporteras Alba Y. Muñiz, Keila López y Cynthia López Cabán colaboraron con este artículo.